La crisis de desapariciones en México tiene nombre y apellido para la ONU. El Comité contra la Desaparición Forzada colocó en el centro del problema a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, periodos donde la violencia se disparó y miles de personas se esfumaron sin dejar rastro.
Lejos de ser hechos aislados, el organismo advierte patrones que apuntan a una práctica extendida durante esos años, marcada por la impunidad y por la posible participación o tolerancia de autoridades. Es decir, no solo falló el Estado: pudo haber sido parte del problema.
El diagnóstico internacional revive una de las etapas más cuestionadas del país: la llamada “guerra contra el narco” de Calderón, que militarizó la seguridad y desató una espiral de violencia, y la continuidad bajo Peña Nieto, donde las desapariciones no solo persistieron, sino que se normalizaron en medio de escándalos como Ayotzinapa.
Hoy, esas cifras pesan. Son la base con la que la ONU analiza a México y el argumento que sostiene la gravedad de sus conclusiones.8
Mientras el gobierno actual marca distancia y rechaza el informe por “tendencioso”, el señalamiento internacional es claro: la crisis no nació sola, se construyó durante años… y tiene responsables políticos.
Y aunque el poder cambió de manos, las consecuencias siguen ahí: miles de familias buscando a quienes nunca volvieron. Una herida abierta que viene del pasado, pero que sigue marcando el presente.
