La violencia desatada tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes dejó a Puerto Vallarta sumido en el miedo, la crisis económica y el abandono gubernamental, mientras el gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano, ha sido señalado por la falta de respuesta efectiva ante la emergencia.
El 22 de febrero, la ciudad turística vivió una jornada de narcobloqueos, explosiones, vehículos incendiados y ataques armados vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, negocios vacíos, viviendas dañadas y una economía golpeada forman parte de la nueva realidad del puerto.
En la comunidad de La Desembocada, las explosiones destruyeron viviendas, dejaron heridos —incluido un bebé— y provocaron daños estructurales en el puente que conecta la carretera Puerto Vallarta–Mascota–Guadalajara. Un mes después, habitantes denuncian que ninguna autoridad ha regresado para apoyar la reconstrucción.
Vecinos aseguran que la ayuda no llegó: no hubo ambulancias, ni apoyo inmediato, ni programas de recuperación. La población afectada continúa reparando por su cuenta viviendas con puertas arrancadas, ventanas destruidas y techos colapsados.
Mientras tanto, la economía local también sufre. Restaurantes vacíos, turismo a la baja y comerciantes preocupados reflejan el impacto de la violencia en uno de los destinos turísticos más importantes de Jalisco.
La situación ha generado críticas contra el gobierno estatal, acusado de abandono y falta de estrategia para recuperar la seguridad y la economía del puerto, que hoy enfrenta miedo, incertidumbre y una recuperación que aún no llega.
