El presidente de Chile, José Antonio Kast, encendió la polémica al anunciar un proyecto de ley para crear un Registro de Vándalos e Incivilidades, con el que busca retirar beneficios sociales a personas condenadas por vandalismo, ataques a policías, daños al transporte público y otros delitos que afecten el orden público.
La propuesta contempla que quienes ingresen a esta lista puedan perder apoyos financiados por el Estado, incluidos subsidios de vivienda, beneficios educativos y programas sociales.
Para el gobierno chileno, no es aceptable que quienes atenten contra la convivencia ciudadana sigan recibiendo recursos públicos.
Durante su Cuenta Pública ante el Congreso, Kast defendió la iniciativa como parte de una estrategia de “tolerancia cero” contra la delincuencia y el vandalismo, asegurando que el Estado debe premiar a quienes cumplen la ley y no a quienes la infringen.
Además del registro, el mandatario anunció nuevas unidades especializadas para combatir el narcotráfico, el sicariato, los secuestros y el crimen organizado, así como intervenciones focalizadas en zonas con altos índices de violencia.
La propuesta ya desató críticas de la oposición, que acusa al gobierno de promover medidas punitivas que podrían vulnerar derechos sociales. Sin embargo, sectores conservadores respaldan la iniciativa y sostienen que los beneficios públicos no deben convertirse en un derecho automático para quienes han sido condenados por afectar el patrimonio público o agredir a funcionarios.
El proyecto deberá ser discutido en el Congreso chileno, donde se anticipa un debate intenso sobre los límites entre seguridad, castigo y derechos sociales.
