El Diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, afirmó que la revelación de que los pasivos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón ascienden a más de 2 mil millones de pesos, cuando anteriormente se reportaban cifras mucho menores, representa uno de los mayores escándalos de opacidad y presunto manejo irregular de recursos públicos en la historia reciente del municipio.
La información fue presentada durante la sesión del Consejo Directivo del organismo, en la que también se dio a conocer la renuncia del gerente general, Roberto Escalante González.
Attolini sostuvo que lo más grave no es únicamente el tamaño de la deuda, sino que las cifras presentadas durante meses no reflejaban la verdadera situación financiera del SIMAS, por lo que consideró indispensable una investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
El legislador señaló que un presunto ocultamiento de esta magnitud no puede atribuirse a una sola persona, sino que debió involucrar a quienes administraban el organismo, al gobierno municipal, al Cabildo y a los integrantes del Consejo Directivo, quienes tenían la obligación de supervisar el manejo de los recursos.
Asimismo, recordó que desde la tribuna del Congreso del Estado denunció en repetidas ocasiones el deterioro financiero, el presunto saqueo y el despilfarro en el SIMAS, sin que la mayoría priista atendiera los señalamientos.
Attolini subrayó que la renuncia del gerente general no debe convertirse en el cierre del caso ni servir para concentrar toda la responsabilidad en un solo funcionario. En ese sentido, hizo un llamado a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades administrativas y penales de todos los servidores públicos involucrados.
Finalmente, reiteró que el agua es un derecho humano y sostuvo que el SIMAS debe convertirse en un organismo transparente, profesional y sujeto a una estricta rendición de cuentas. Añadió que las familias de Torreón tienen derecho a conocer qué ocurrió con los recursos que aportan mediante el pago de sus recibos y afirmó que la confianza pública solo podrá recuperarse con verdad, justicia y sanciones para quienes resulten responsables.
