La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito legal no constituye un simple acontecimiento técnico, sino una invitación a replantear la esencia de los órganos jurisdiccionales y la manera en que la comunidad concibe la invención, responsabilidad y deliberación moral. En este horizonte emergen preguntas inéditas: ¿hasta qué punto puede delegarse la facultad de juzgar a sistemas carentes de conciencia? La IA, capaz de procesar información en escalas que desbordan la experiencia de las personas, proyecta la ilusión de omnisciencia y velocidad; sin embargo, tras esa apariencia se esconde el reto de los límites de la razón automatizada y la necesidad de resguardar los valores que sostienen al derecho como manifestación profundamente ligada a la existencia.
México ya enfrenta estas encrucijadas, como lo mostró el amparo directo 6/2025, en el que se discutió la titularidad de derechos de autor sobre obras generadas por sistemas inteligentes, el promovente solicitaba reconocer una “titularidad jurídica sintética”, argumentando que excluir tales producciones equivaldría a marginar el avance tecnológico; la Suprema Corte reafirmó que el ingenio de todas y todos constituye el núcleo de la propiedad intelectual, negando legitimidad a entes sin conciencia[1].
Fuera de ese litigio paradigmático, la IA se despliega como instrumento de potencial inédito para la gestión judicial, pues su destreza para organizar expedientes, examinar precedentes y reconocer patrones permite aliviar la saturación de los tribunales y acortar los tiempos procesales. Empero, eficiencia no equivale a rectitud, ya que los algoritmos, al alimentarse de información histórica, tienden a reproducir sesgos y desigualdades estructurales, con ello se evidencia que la exactitud matemática no basta para comprender la complejidad social, cultural y axiológica que rodea cada caso, y que el derecho exige algo más que cálculo, demanda interpretación, sensibilidad y prudencia.
De ahí surge la necesidad de marcos normativos sólidos, capaces de garantizar transparencia y nociones empíricas, la tecnología tiene que mantenerse como auxiliar del quehacer y no como jueza invisible, puede señalar inconsistencias, prever escenarios y ofrecer comparaciones, pero la decisión final, con toda su carga valorativa y normativa, corresponde siempre a la persona investida de autoridad.
Los poderes judiciales locales ya han iniciado este camino: en Querétaro, por ejemplo, se desarrolla el modelo denominado GTP en coordinación con el Consejo de Ciencia y Tecnología estatal, con el propósito de reducir el rezago de expedientes en un contexto de litigiosidad creciente y limitaciones presupuestales. En pruebas piloto, el sistema ha permitido radicar demandas mercantiles y generar acuerdos de manera automática, acortando tiempos de trámite; pero, se ha subrayado que la herramienta no reemplazará la función jurisdiccional, pues la revisión y la decisión permanecerán en manos de juzgadoras, juzgadores y proyectistas[2].
En Durango, la transformación se expresa en oficialías electrónicas y un sistema de exhortos en línea que han reducido de manera notable plazos que antes se extendían por meses, el magistrado presidente Manuel Valadez Díaz ha señalado que la incorporación de inteligencia artificial requiere no solo infraestructura, sino también formación constante del personal, de modo que la herramienta se entienda como recurso para agilizar la administración legal siempre que vaya acompañada de responsabilidad institucional[3].
Ambas experiencias confirman que la IA puede acercar la tutela del derecho a la ciudadanía y hacerla más accesible, aunque también obligan a reflexionar sobre lo que en verdad entendemos por impartición de justicia. La función jurídica no se agota en la prontitud de un dictamen ni en la precisión de un cálculo, sino que constituye un entramado de símbolos, valores y expectativas colectivas que ninguna máquina puede descifrar en plenitud. Como advirtió Ronald Dworkin en Los derechos en serio “el juez no aplica las normas como si fueran recetas, sino que interpreta principios que otorgan coherencia y moralidad al derecho”[4].
El desafío, entonces, no consiste en contraponer seres humanos y máquinas, sino en reconocer que la administración de la justicia exige una voz que no se encuentra en la aritmética, forjada en siglos de pensamiento y lucha, cuyo objeto debe ser poner la tecnología al servicio de las personas, y no al revés.
[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo 6/2025, https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2025-06/AD%206-2025.pdf.
[2] Noticias de Querétaro, “Desarrolla Poder Judicial su propia IA para agilizar expedientes,” 10 de septiembre de 2025, https://noticiasdequeretaro.com.mx/2025/09/10/desarrolla-poder-judicial-su-propia-ia-para-agilizar-expedientes/
[3] El Sol de Durango, “Poder Judicial de Durango incorpora inteligencia artificial a su operatividad,” OEM, 25 de septiembre de 2025, https://oem.com.mx/elsoldedurango/local/poder-judicial-de-durango-incorpora-inteligencia-artificial-a-su-operatividad-25732133
[4] Dworkin, Ronald. 1984. Los derechos en serio. Traducido por Marta Guastavino. Barcelona: Ariel, 309.
