Por: José Francisco Sigler Pineda
De conformidad con el artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, de la Ciudad de México, de los Estados y de los Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia fiscal o tributaria que rigen a todas las contribuciones, tales como los de generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.
Ahora bien, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 en México contempla ingresos totales por aproximadamente 10.193 billones de pesos, representando un incremento real del 4.8% respecto a 2025.
Viéndolo de este modo, podría asustar un aumento a las contribuciones en un 4.8% ya que en cierta medida obedece al incremento de algunos impuestos como el IEPS a refrescos, cigarros, juegos con apuestas y productos importados, o el ISR con mayores retenciones a plataformas digitales.
Lo anterior no implica necesariamente algo negativo o dañino para la población mexicana. Aunque culturalmente se ha percibido de forma desfavorable el aumento de los “impuestos”, esta percepción surge de experiencias con gobiernos anteriores que no gestionaban y administraban adecuadamente esos recursos ni los destinaban a inversiones que realmente beneficiaran a la sociedad, la cual era la que terminaba resintiendo dichos incrementos.
En la actualidad, por poner algunos ejemplos, el salario mínimo general para el ejercicio fiscal 2026 se incrementó un 13% con respecto al año anterior, cuando en gobiernos anteriores el incremento no solía pasar de un 4%. Desde 2018 se crearon estímulos fiscales para las Regiones Fronterizas Norte y Sur, con un IVA que va del 16% al 8%.
Otro punto importante por destacar son los apoyos sociales, para aterrizarlo en cifras, este año se invertirán un billón de pesos en las pensiones y programas para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, madres trabajadoras, sembradoras y sembradores de vida, con más de 20 millones de beneficiarios.
Además, este año se estima que las becas a estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, así como estudiantes de nivel medio superior y superior, que viven en situación de pobreza abarcará a un total de 22.8 millones de beneficiarios.
En términos concretos, esto significa que gracias al cumplimiento de la obligación constitucional de las y los mexicanos de aportar al gasto público, así como a una adecuada gestión de los recursos por parte del gobierno, se ha conseguido disminuir la pobreza en el país. Aunque todavía queda mucho por hacer, ya se han alcanzado avances importantes.
Abogado egresado de la UNAM, con especialidad en Derecho Fiscal. Ha ocupado cargos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y como Tesorero Municipal en Playas de Rosarito, B.C. Actualmente es Académico en la UABC y abogado postulante en su firma Sigler Abogados.
