Una urgencia en el norte del centro del país
La movilidad no es un lujo: es un derecho ciudadano, un motor de desarrollo económico y un eje de cohesión social. En el contexto del Área Metropolitana del Norte del Centro del país, conformado por vastos cinturones urbanos que conectan a la Ciudad de México con Querétaro, Pachuca, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otros nodos urbanos, esta verdad se vuelve una necesidad imperante.
Los megaproyectos ferroviarios —como el Tren Interurbano México–Querétaro, el Tren Suburbano al AIFA y la conexión AIFA–Pachuca— representan mucho más que vías y trenes. Son, si se planifican e integran con una visión estratégica, piezas clave para transformar radicalmente la forma en que millones de personas se desplazan, trabajan y viven.
Sin políticas públicas que garanticen una conectividad efectiva y socialmente equitativa, las grandes obras ferroviarias corren el riesgo de ser meros simbolismos. La población que habita las periferias —y que más necesita opciones de transporte accesibles— podría quedar excluida de los beneficios reales. Vivimos en una región que concentra grandes desigualdades socioeconómicas y territoriales: una política de movilidad debe ser la herramienta para reducir esas brechas, no para profundizarlas.
El corredor México–Querétaro es uno de los ejes económicos más dinámicos del país. Sin embargo, la congestión vial, los tiempos de traslado extensos y los costos asociados reducen la competitividad de empresas y trabajadores. Un tren interurbano eficiente no solo optimiza el flujo de personas, sino también de bienes y servicios, reconfigurando el mapa productivo del centro-norte mexicano. Pero esto solo se logra con políticas que articulen horarios, tarifas, bases de operación y enlaces con transporte urbano local.
La movilidad basada en trenes tiene una ventaja indiscutible: reduce emisiones contaminantes, consumo de combustibles fósiles y congestión. No obstante, sin una política pública que favorezca la intermodalidad —vinculación con transporte público local, ciclovías y peatonalización— los beneficios ambientales serán parciales. El cambio climático exige acciones concretas: invertir en infraestructura ferroviaria es un paso, pero integrarla a un sistema urbano sostenible es una obligación.
Las largas horas de traslado impactan directamente la calidad de vida de millones de personas. Un sistema ferroviario eficiente puede acortar distancias, vincular áreas laborales con zonas residenciales y favorecer la inclusión laboral, particularmente para quienes no cuentan con vehículos particulares. Sin políticas que garanticen tarifas accesibles y servicios continuos, podríamos replicar las inequidades del transporte automotriz privado en un sistema público más costoso.
La movilidad en el AMNC no puede planearse ni ejecutarse de manera aislada por cada entidad federativa. Requiere gobernanza metropolitana, mecanismos de coordinación entre estados y municipios, así como transparencia y participación Ciudadana. Las políticas públicas deben ser diseñadas con visión de largo plazo, con objetivos claros, indicadores de evaluación y participación de ciudadanía, sector privado y academia.
En síntesis, los trenes —México–Querétaro, Suburbano al AIFA, AIFA–Pachuca y el Interurbano— son más que obras de infraestructura; pueden ser hilos que tejan cohesión social, equidad territorial y sostenibilidad ambiental en el norte del centro del país. Pero sin políticas públicas robustas, integrales y sensibles a las realidades urbanas y sociales, corremos el riesgo de tener trenes sin movilidad justa y ciudades sin movilidad digna.
La movilidad del futuro empieza hoy, con decisiones que trasciendan el interés corto, y con políticas firmes que conecten no solo lugares, sino también posibilidades.
