Colocar a México entre las diez mayores economías del mundo se ha convertido en una consigna recurrente dentro de las aspiraciones que acompañan a la política económica nacional. Actualmente el país ocupa el lugar 13, según el Fondo Monetario Internacional, una posición que refleja avances, pero también límites estructurales. Por ello, el desafío no consiste en escalar peldaños en la clasificación por el simple hecho de hacerlo, sino en impulsar transformaciones de fondo que permitan alcanzar esa meta y, sobre todo, sostenerla en el tiempo.
Lograr ese objetivo exige una política económica e industrial sólida y de largo plazo, capaz de sostener el crecimiento, fortalecer el mercado interno, atraer inversión, elevar la productividad y dinamizar las cadenas de valor con mayor contenido nacional. Pero, sobre todo, implica consolidar una economía que genere tecnología propia y transite de un modelo predominantemente manufacturero a otro basado en el diseño, la investigación y el alto valor agregado.
A lo largo de las últimas décadas, México se ha consolidado como potencia exportadora en industrias como la automotriz y la electrónica, no obstante, buena parte de la innovación que da origen a esos productos se registra fuera del país. Esa distancia en la propiedad del conocimiento explica parte de nuestras limitaciones para escalar hacia mayores niveles de desarrollo.
Cerrar esa brecha implica fortalecer las capacidades nacionales para generar y proteger patentes, es decir, para registrar y proteger el conocimiento que se produce. En México, alrededor del 94% de las solicitudes de patente provienen de extranjeros, mientras que sólo una fracción corresponde a inventores nacionales.
México genera cerca de 1,500 patentes al año, una cifra relevante en América Latina, pero distante de economías como Japón, que registra más de 400 mil, o China, que supera el millón y medio. La comparación no busca desalentar, sino dimensionar la magnitud del reto. Si queremos estar entre las principales economías del mundo, la innovación debe ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo.
Actualmente existen señales positivas. Desde el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se han impulsado acciones para promover la cultura de la innovación y agilizar los procesos de registro. En 2025 se otorgaron 972 patentes a mexicanos, la cifra más alta desde 1995, y los tiempos de resolución se redujeron de alrededor de cinco años a cerca de uno. Además, el Gobierno federal anunció una inversión histórica de 1,600 millones de pesos para 2026 destinada a fortalecer la innovación científica y tecnológica.
No obstante, acelerar trámites y ampliar el presupuesto, aunque esencial, no son suficientes. El desafío es más profundo, ya que de forma paralela es indispensable construir ecosistemas donde converjan la investigación, la industria y el financiamiento; donde las empresas asuman un mayor compromiso con la inversión en Investigación y Desarrollo; y donde universidades y centros tecnológicos trabajen articuladamente con las necesidades del aparato productivo.
México ha desarrollado un capital humano especializado cada vez más amplio. Cada año egresan miles de ingenieros y profesionistas en áreas STEM, en cifras comparables e incluso superiores a países como Alemania o Brasil. Esa es una ventaja estratégica que no se puede desaprovechar. El reto consiste ahora en generar condiciones para que ese talento encuentre oportunidades reales para investigar, emprender y transformar conocimiento en propiedad intelectual nacional.
Si el objetivo es robustecer nuestras capacidades productivas y fortalecer la industria mexicana, la apuesta por la innovación es clave. En la medida en que logremos consolidar una economía que diseña, investiga y patenta, estar entre las diez economías más grandes será una consecuencia natural. El propósito, por lo tanto, no es simplemente alcanzar esa posición, sino comprender cómo ese proceso puede servir para fortalecer y proyectar nuestra economía hacia el futuro.
