En algunos momentos en la política latinoamericana un gesto aparentemente sencillo, como expresar solidaridad con otro pueblo, abre una ventana para mirar estructuras históricas y políticas mucho más profundas. La reciente reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador para respaldar al pueblo de Cuba, acompañada por el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, vuelve a colocar en el centro un debate antiguo pero persistente, el de la soberanía de los pueblos frente al poder hegemónico.
Para comprender la dimensión de este debate conviene mirar el pasado de este país. Antes de 1959, Cuba vivía bajo el régimen de Fulgencio Batista, una dictadura militar que combinaba represión política con subordinación económica por parte Estados Unidos. La economía cubana estaba fuertemente concentrada en la exportación de azúcar y buena parte de los sectores estratégicos, desde la electricidad hasta el turismo, se encontraban en manos de capital extranjero. La Habana era, al mismo tiempo, un destino turístico y un enclave financiero donde convivían casinos, mafias y grandes inversiones estadounidenses.
Ese orden no era simplemente una relación comercial desigual; sino que respondía a una estructura histórica en la que diversos pensadores han descrito como colonialismo moderno. Frantz Fanon explicó que el colonialismo no solo domina territorios, también se encarga de organizar jerarquías globales donde algunos pueblos quedan relegados a la dependencia política y económica de otro país que los oprime y subordina. Desde esa perspectiva, las luchas anticoloniales no buscan únicamente sustituir gobiernos, sino recuperar la dignidad política y la capacidad de decidir el propio destino.
La revolución encabezada por Fidel Castro en 1959 fue precisamente una ruptura con ese orden en la historia. Para amplios sectores de la población cubana significó el intento de recuperar la soberanía sobre sus recursos, su economía y su proyecto político. Sin embargo, esa decisión desencadenó una reacción inmediata de Washington. El embargo económico impuesto por Estados Unidos se ha prolongado durante más de seis décadas, convirtiéndose en uno de los conflictos geopolíticos más persistentes, injustos e inhumanos del continente.
Desde el pensamiento crítico latinoamericano, este tipo de dinámicas ha sido interpretado como parte de una estructura global de poder y aceptado por muchos países que se han visto beneficiados económicamente de él. El sociólogo peruano Aníbal Quijano propuso el concepto de “colonialidad del poder” para explicar cómo, incluso después del fin formal de los imperios coloniales, persisten relaciones de dominación económica y política que mantienen a muchas regiones del mundo en condiciones de dependencia.
A esa lectura se suma el trabajo de pensadoras anticoloniales que han mostrado cómo estas estructuras también atraviesan dimensiones culturales y raciales. La argentina María Lugones sostuvo que el colonialismo no solo reorganizó las economías del mundo, sino que también impuso jerarquías de género y raza que aún persisten. En su análisis del llamado “sistema moderno/colonial de género”, Lugones explica que la dominación colonial redefinió la forma en que se construyen las identidades sociales, reproduciendo desigualdades profundas en las sociedades poscoloniales y Cuba es un ejemplo de ello.
Desde esa mirada, la disputa en torno a Cuba no puede entenderse únicamente como un desacuerdo diplomático o ideológico. También forma parte de una discusión más amplia sobre el derecho de los pueblos a decidir su propio camino político sin presiones externas.
México ha tenido históricamente una posición constante en este terreno. A lo largo del siglo XX, la política exterior mexicana se apoyó en principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, conocidos como la Doctrina Estrada. Bajo esa tradición, el país evitó romper relaciones con Cuba incluso durante los momentos más tensos de la Guerra Fría. La reciente expresión de solidaridad con la isla, por lo tanto, no puede leerse únicamente como un gesto coyuntural. También representa la continuidad de una tradición diplomática latinoamericana que defiende la soberanía frente a presiones externas, como la que actualmente ejerce Donald Trump sobre Cuba.
En un mundo marcado por profundas asimetrías de poder, la pregunta de fondo sigue siendo la misma que ha atravesado buena parte de la historia del continente: ¿quién tiene realmente el derecho de decidir el destino de los pueblos? La autodeterminación no es solo un principio jurídico del derecho internacional, es una condición indispensable para que las sociedades puedan construir su propio futuro.
La discusión sobre Cuba, se trata, en última instancia, de una disputa global entre la soberanía de los pueblos y las lógicas de poder que aún buscan condicionarla. En América Latina, esa tensión ha sido una constante histórica, pero también ha sido el terreno donde los proyectos de emancipación han encontrado la fuerza para comenzar la revolución.
