La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de los Órganos Internos de Control en las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), inhabilitó a las empresas Gas Azul de Nogales, S.A. de C.V. y Servicios de Limpieza Inmobiliaria y Urbana, S. de R.L. de C.V., respectivamente, para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
La empresa Gas Azul de Nogales fue sancionada con una multa de 183 mil 308 pesos e inhabilitación de tres meses, ya que proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-07-113-007000998-N-2-2024, para la “adquisición de diésel industrial bajo en azufre, gasolina regular y diésel automotriz”; contenida en certificados de calibración de tres vehículos, un dictamen de inspección, un informe de evaluación y facturas de tres vehículos.
La notificación de la sanción se realizó el 3 de marzo de este año. Por otra parte, se impuso una multa de 158 mil 396 pesos e inhabilitación de tres meses a la empresa Servicios de Limpieza Inmobiliaria y Urbana, debido a que proporcionó información falsa en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional número IA-16-512-016000997-N-1-2025, para la contratación del “Servicio Integral de Limpieza (para los inmuebles que ocupa la Semarnat en la Ciudad de México, oficinas de representación y oficinas en Mérida, Yucatán)”, consistente en la solicitud de trámite denominado «Planes de Manejo de Residuos No Sujetos a Manifestación Ambiental Única».
La notificación de la sanción se realizó el pasado 17 de marzo de 2026. Las sanciones referidas aparecen hoy publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las empresas se encuentran inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, dado el caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.
Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias.
