La Segego, entre los años 2017 y 2022, ha recibido un presupuesto de dos mil 294 millones 612 mil 53 pesos, según los decretos del Presupuesto de Egresos. De ese total, al menos mil 62 millones 171 mil 164 pesos los ha ejercido o ejecutado directamente con este tipo de organizaciones.
Por ejemplo, en este periodo – según sus informes de avances de gestión financiera – en conflictos sociales ejerció 192 millones 251 mil 394 pesos durante la instalación de mesas en las que se atendió a las partes en conflicto. En las mesas instaladas para la atención a conflictos municipales, gastó 171 millones 361 mil 636 pesos, en las mesas de negociación por conflictos político electorales 88 millones 581 mil 88 pesos.
Francisco Javier García López, secretario General de Gobierno, ha gastado más de dos mil millones de pesos en mesas de negociación, aunque parece que ni con ese dinero ha podido resolver los conflictos sociales en Oaxaca.
A estos se suman 121 millones 800 mil 614 pesos que se gastaron en las mesas de negociación por conflictos religiosos, 132 millones 315 mil 507 pesos en las negociaciones por conflictos agrarios.
Mientras que para evitar huelgas, la Segego ejerció en las mesas de negociación con las partes 219 millones 210 mil 185 pesos, y 148 millones 877 mil 892 pesos en conflictos obrero patronales – en los que están involucrados organismos gremiales como la CATEM, la CTM, El Sindicato Libertad, el Frente Popular “14 de Junio”, el Frente Popular Revolucionario, etcétera -. También gastó 43 millones 158 mil 745 pesos en “asesorías” a trabajadores y patrones, 88 millones 365 mil 388 pesos en demandas laborales y 81 millones 733 mil 268 pesos en la ejecución de laudos.
En este año 2022, esta dependencia a cargo de Francisco Javier García López incorporó un nuevo concepto en la justificación de sus gastos: el de demandas ciudadanas, para la cual hasta el segundo trimestre del año, destinó dos millones 880 mil 830.99 pesos.
La Segego, en ninguno de los casos, transparenta la manera en qué se ejercen estos recursos públicos y la manera en qué se pactan en cada una de las mesas instaladas de negociación para los conflictos político electorales, sociales, religiosos, agrarios, municipales y obrero-patronales, entre otros. De la misma manera, en que la Secretaría de Finanzas ni ninguna otra dependencia del gobierno del estado tampoco esclarecen cuál es el “techo financiero” para cada una de las gestiones de obra de estas organizaciones.
El especialista Jorge Mario Audelo Cruz, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), sostiene que en Oaxaca el problema de los intermediarios – es decir, estas agrupaciones u organizaciones políticas y sociales – es muy marcado.
“Hay grupos de campesinos que pueden producir tomates o frijoles y que quieren acceder a algún apoyo del Gobierno federal; pero aquí es donde entran agrupaciones, intermediarios, líderes de agrupaciones y funcionarios que tratan de llevar «agua a su molino»: con esos recursos poder coaccionar votos para obtener resultados electorales, y eso entorpece mucho la relación entre ciudadano y Gobierno”.
Explica que muchas veces un campesino quiere hacer un trámite para realizar algún proyecto productivo, pero la misma burocracia o el mismo manipuleo desanima mucho al productor y, entonces, no le queda de otra más que afiliarse a determinado partido o manifestarse de alguna forma.
“Por eso en Oaxaca es común ver tomas de carreteras, de palacios municipales, de dependencias de Gobierno, porque los ciudadanos saben que hay recursos; pero algunos líderes se aprovechan de ellos, y esto es lo que entorpece la relación entre el Gobierno y el ciudadano. Puede pensarse que estas personas son necesarias dada la falta de conocimiento de los campesinos sobre cuestiones legales, pero creo que se abusa”, dice.
Audelo Cruz señala que el papel de los intermediarios en las llamadas «redes sociales» es muy importante “debido a que son actores claves que hacen que un sistema pueda funcionar vinculando a regiones apartadas con el centro, donde las demandas de los actores necesitados no llegan fácilmente a los centros de toma de decisiones por razones diversas que pueden ser desde psicológicas hasta culturales”.
Además, sentencia que en el momento en que existan en Oaxaca organizaciones sociales verdaderamente democráticas, autónomas y con una fuerza importante, que les permita ser un contrapeso efectivo tanto hacia aquellas organizaciones corporativas dependientes de partidos políticos y sus recursos como hacia los partidos mismos, aún se vislumbra lejano.
La dirigencia estatal de Antorcha Campesina, por ejemplo, asegura que “todo mundo sabe que Antorcha está en el sector agrario del PRI, aunque el PRI no nos ayuda mucho, también eso lo sabe todo el mundo”.
Y sostiene que nunca han recibido dinero de manera directa del gobierno, porque es una organización que se dedica a la gestión de apoyos y obras públicas, las cuales se entregan directamente a las comunidades: “los recursos se han entregado a las colonias y a comunidades, que necesitan obras de drenaje, luz, electrificación, lo cual es una obligación del estado. No se los está dando a Antorcha Campesina”.
La Segego, entre 2017 y 2022, ejerció un presupuesto de 2 mil 294 millones 612 mil 53 pesos, según los decretos del Presupuesto de Egresos. De ese total, al menos mil 62 millones 171 mil 164 pesos los ha ejercido o ejecutado directamente con este tipo de organizaciones, según sus informes de avances de gestión financiera.
$219 millones 210 mil 185 gastados en mesas de negociación para evitar huelgas
$148 millones 877 mil 892 en conflictos obrero patronales (en los que están involucrados organismos gremiales como la CATEM, la CTM, El Sindicato Libertad, el Frente Popular “14 de Junio”, el Frente Popular Revolucionario, etcétera)
$192 millones 251 mil 394 gastaron en la instalación de mesas para atender conflictos sociales
$171 millones 361 mil 636 en las mesas instaladas para la atención a conflictos municipales
$132 millones 315 mil 507 en las negociaciones por conflictos agrarios
$121 millones 800 mil 614 gastaron en las mesas de negociación por conflictos religiosos
$88 millones 581 mil 88 en las mesas de negociación por conflictos político electorales
$88 millones 365 mil 388 en demandas laborales
$81 millones 733 mil 268 en la ejecución de laudos.
$43 millones 158 mil 745 en “asesorías” a trabajadores y patrones
$2 millones 880 mil 830.99 en demandas ciudadanas
