La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha avanzado en el dictamen que propone la eliminación de varios órganos autónomos. Entre ellos se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Además, se considera la extinción del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) y los órganos reguladores coordinados en materia energética, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El dictamen busca racionalizar los recursos públicos y promover la austeridad al destinar las economías y ahorros generados por la extinción de estos entes públicos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Aunque algunos argumentan que los órganos autónomos carecen de legitimidad democrática, su creación ha implicado una desconcentración administrativa al transferir funciones a niveles más bajos de administración, manteniendo el poder de decisión a nivel central.
