En sus primeros 100 días de gestión, Alessandra Rojo de la Vega ha detenido a decenas de personas, entre ellas franeleros, a quienes acusa de extorsión bajo el pretexto de «combatir el delito en la vía pública». Sin embargo, estas acciones han sido señaladas como discriminatorias y carentes de sustento por diversos sectores que defienden los derechos de los trabajadores informales.
La alcaldesa, quien presume de haber reactivado el Gabinete de Construcción de Paz, utiliza programas como Brilla Cuauhtémoc y Blindar Cuauhtémoc para justificar detenciones masivas, pero la realidad muestra una política enfocada en criminalizar a los sectores más vulnerables. Activistas han señalado que las acusaciones no están respaldadas por pruebas contundentes, convirtiendo a los franeleros en chivos expiatorios de una estrategia fallida.
Aunque la seguridad es una prioridad, recurrir a medidas represivas y sin sustento legal no solo pone en tela de juicio la legitimidad de su administración, sino que también deja claro que la verdadera víctima es la justicia social.
