Este martes 8 de julio se reanudaron las labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México, luego de más de seis semanas de paro laboral. Aproximadamente 11 mil trabajadores regresaron a sus oficinas tras alcanzar un acuerdo con las autoridades durante el fin de semana.
El paro comenzó el pasado 29 de mayo, impulsado por demandas relacionadas con mejores salarios y condiciones laborales. Durante este periodo, permanecieron cerradas diversas sedes, incluida la Ciudad Judicial y los juzgados dentro de los reclusorios Oriente, Sur, Norte y Santa Martha.
Aunque inicialmente se había previsto el retorno para el lunes 7 de julio, los trabajadores solicitaron que los acuerdos quedaran asentados de forma oficial en la Gaceta del Poder Judicial local, lo que provocó un ligero retraso en la reactivación.
Los últimos días del paro estuvieron marcados por momentos de tensión, especialmente en el Consejo de la Judicatura, donde se registraron empujones y gritos entre manifestantes.
Con la publicación oficial de los acuerdos, todas las sedes judiciales reabrieron este martes. El convenio contempla el pago de un bono extraordinario en diciembre y la basificación del personal a través de convocatorias periódicas. También se garantizó que no habrá represalias administrativas ni económicas contra quienes participaron en la protesta.
El acuerdo fue firmado por el oficial mayor Sergio Fontes, en representación del magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la CDMX, así como por representantes de la Coalición de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia y del Gobierno capitalino.
Gracias a este entendimiento, los órganos jurisdiccionales y administrativos reanudaron operaciones, reactivando todos los procesos que estuvieron detenidos durante el paro.
Cabe recordar que en su momento los trabajadores rechazaron la convocatoria a regresar, lanzada por el presidente del Tribunal, al considerar que no se había alcanzado ningún acuerdo real, pese a 20 mesas de negociación.
Las exigencias del pliego petitorio incluían un aumento salarial del 7%, seguridad laboral, reconocimiento de antigüedad, mejores condiciones de trabajo, basificación, un bono extraordinario antes de diciembre y participación en la planeación presupuestal del próximo año.
Durante las cinco semanas de paro, los empleados denunciaron la falta de compromisos firmes por parte de las autoridades, quienes solo ofrecían promesas sujetas a revisiones presupuestales en septiembre. Además, expresaron su preocupación ante una posible reforma judicial que, alertaron, podría poner en riesgo los derechos laborales conquistados.
Finalmente, con el acuerdo firmado y publicado, las actividades en el Poder Judicial de la CDMX volvieron a la normalidad.
