INE blinda a Alito Moreno y deja impunes sus desvíos millonarios
El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió, por unanimidad, cerrar la puerta a una investigación oficiosa contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, pese a las múltiples denuncias sobre irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Campeche. La propuesta fue presentada por Morena, que solicitó al árbitro electoral indagar contratos simulados, desvíos de recursos públicos y operaciones fraudulentas por más de 83 millones de pesos, señalados en al menos cinco carpetas de investigación abiertas en Campeche. No obstante, el Consejo General del INE desechó la petición, argumentando que no era procedente abrir un procedimiento adicional. La resolución desató críticas, pues para amplios sectores de la opinión pública se trata de un nuevo blindaje institucional a uno de los políticos más cuestionados del país. Las acusaciones contra Moreno incluyen enriquecimiento ilícito, desvíos de recursos, triangulación de contratos y el uso de prestanombres para ocultar propiedades millonarias, hechos que han minado aún más la credibilidad de un partido sumido en la decadencia. Tras conocerse la decisión, “Alito” celebró el fallo y lo calificó como una muestra de que Morena utiliza las instituciones para perseguir a la oposición. Aseguró que no se dejará intimidar y que continuará denunciando lo que, según él, son intentos de “callar su voz crítica”. Sin embargo, la narrativa del priista contrasta con la percepción de la ciudadanía, que ve en la decisión del INE un ejemplo más de impunidad y de protección a la vieja clase política. El fallo llega en un momento en que el PRI atraviesa su crisis más profunda: derrotas electorales, pérdida de militancia y un dirigente señalado por corrupción que insiste en perpetuarse en el poder. Para muchos, el INE optó por darle la espalda al pueblo y ponerse del lado de un personaje símbolo de la podredumbre política del viejo régimen.
PAN recurre a jueces para frenar vivienda popular en CDMX
Diputadas y diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) interpusieron un juicio de amparo indirecto en contra del Bando 1 “Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local”, expedido por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina. El recurso fue presentado ante un juez de distrito en materia administrativa, con el argumento de que la norma autoaplicativa afecta sus intereses. ¿Quiénes promueven el amparo? El documento está firmado por 15 legisladores panistas de la III Legislatura del Congreso capitalino, entre ellos: Daniela Álvarez Camacho, Laura Alejandra Álvarez Soto, Olivia Garza de los Santos, Frida Jimena Guillén Ortiz, Claudia Susana Pérez Romero, América Alejandra Rangel Lorenzana, Lizzette Salgado Viramontes, Claudia Montes de Oca del Olmo, Andrés Atayde Rubiolo, Diego Orlando Garrido López, Ricardo Rubio Torres, Federico Chávez Semerena, Andrés Sánchez Miranda, Mario Enrique Sánchez Flores y Raúl de Jesús Torres Guerrero. El amparo refleja la estrategia del PAN en la capital: frenar, vía tribunales, las políticas de vivienda popular y arraigo comunitario impulsadas por Brugada. El llamado Bando 1 busca garantizar una ciudad habitable y asequible, con control al desarrollo inmobiliario, fortaleciendo la identidad barrial y limitando los excesos de especulación. No es casual que el blanco de la oposición sea una política que incomoda directamente a los grandes intereses inmobiliarios y a quienes han defendido históricamente la ciudad como mercancía, no como derecho. El escrito autoriza como representantes legales a una decena de apoderados, entre ellos Megan Giles Palma, María Cristina Navarrete Flores y José Manuel Gómez García, quienes señalaron como domicilio para recibir notificaciones la Plaza de la Constitución No. 7, en la alcaldía Cuauhtémoc. Una derecha que se arrodilla en tribunales El recurso panista confirma la ruta opositora: lo que no pueden ganar en las urnas, buscan frenarlo en los juzgados. Con este amparo, Acción Nacional vuelve a mostrarse como defensor de los intereses de unos cuantos, en contra de una política orientada a garantizar vivienda asequible y calidad de vida para la mayoría.
Detienen a Silvestre «N», exmando de Duarte acusado de desapariciones en Veracruz
En un operativo coordinado, la Fiscalía General de Justicia detuvo en Huixquilucan, Estado de México, a Silvestre “N”, exdirector de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte. El exmando es investigado por su presunta responsabilidad en desapariciones forzadas, tortura y simulación de enfrentamientos. La captura ocurrió el pasado miércoles en la colonia Retama, donde Silvestre “N” vestía uniforme policial. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue identificado también por un tatuaje con la figura de la muerte en el brazo. Tras su aprehensión, fue trasladado al Centro de Readaptación Social Duport Ostión en Coatzacoalcos, donde permanece en aislamiento. Crímenes bajo el sexenio de Duarte Durante su paso por la SSP, Silvestre “N” operó bajo las órdenes de Arturo Bermúdez Zurita, detenido en 2017 por enriquecimiento ilícito y desaparición forzada, aunque posteriormente liberado. Diversos testimonios lo señalan como responsable de tratos crueles en centros penitenciarios, privación de alimentos, violencia sistemática y desaparición de detenidos. Entre mayo y septiembre de 2015, bajo el operativo denominado “Blindaje Coatzacoalcos”, se documentaron 35 desapariciones forzadas atribuidas a la SSP. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz acreditó violaciones graves en al menos 81 expedientes entre 2011 y 2016, incluyendo casos de policías estatales víctimas de desaparición y asesinatos maquillados como “enfrentamientos”. Procesos reactivados contra exfuncionarios La Fiscalía de Veracruz ha reactivado procesos contra exfuncionarios implicados en delitos de lesa humanidad durante el gobierno de Duarte (2010-2016). En 2022, el propio exgobernador fue vinculado a proceso por desaparición forzada, sumando este cargo a los de lavado de dinero y asociación delictuosa. Silvestre “N” es considerado testigo clave en procesos judiciales contra otros exfuncionarios, incluido el mismo Duarte. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la captura confirma el patrón de uso del aparato estatal para desaparecer personas en Veracruz durante ese sexenio.
Silvano Aureoles: la justicia espera, la impunidad avanza
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, vuelve a sortear la justicia. Un juzgado federal le otorgó una suspensión provisional que lo blinda de cualquier nueva orden de aprehensión. Para lograrlo, pagó 100 mil pesos como garantía, y por ahora, ni la Fiscalía ni los tribunales pueden detenerlo. Este blindaje llega justo antes de su audiencia programada para el 20 (o 22) de agosto, donde será imputado por delitos como peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta. La FGR lo acusa de desviar más de 3 mil 400 millones de pesos por sobreprecio en la adquisición de siete cuarteles para la Guardia Civil en distintos municipios de Michoacán. El caso contra Aureoles no es aislado ni menor: la Fiscalía señala un desfalco aún mayor, cercano a 5 mil 186 millones de pesos, producto de esquemas amañados de arrendamiento y compra de predios en los que ni siquiera residía la inmobiliaria que los vendió. Además, en los cuarteles se construyeron residencias lujosas para el gobernador, mientras que los policías se quedaban con instalaciones precarias. Mientras tanto, varios de sus excolaboradores ya están tras las rejas: ex secretarios de finanzas y seguridad, todos vinculados a proceso. Aureoles, sin embargo, se preserva en el terreno judicial, protegido por una suspensión que pausa la orden de captura y lo mantiene fuera del alcance de la justicia. La justicia camina sobre arena movediza, y el exgobernador parece tener alas legales para eludir su responsabilidad. Pero más tarde o más temprano tendrá que enfrentarla, y entonces sabremos si la suspensión fue una jugada legal legítima, o un embozo para prolongar la impunidad.
EE.UU. presiona: que otros cedan su tierra para su paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró favorable a un plan impulsado por Vladimir Putin que contempla que Ucrania ceda territorios ocupados a cambio de un acuerdo de paz, según reveló el diario The New York Times. El esquema incluiría la entrega de regiones como Donetsk y Luhansk, actualmente bajo control ruso, como condición para alcanzar un cese definitivo al conflicto. Con esta postura, Trump marca un distanciamiento con Kiev y con los aliados europeos, que han defendido la integridad territorial de Ucrania como principio irrenunciable. La propuesta ha generado fuertes críticas en Europa y dentro del propio Congreso estadounidense, donde se advierte que aceptar la cesión equivaldría a legitimar la invasión rusa. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó de manera contundente cualquier negociación que implique sacrificar territorio, afirmando que la soberanía de Ucrania no está en venta y que ceder regiones sería “premiar al agresor”. Mientras tanto, líderes europeos han reiterado que la paz solo será sostenible si Kiev participa plenamente en las decisiones y se garantiza la defensa de su integridad territorial. El debate marca un giro en la política exterior de Washington bajo Trump, que busca mostrar resultados rápidos en el frente internacional, aun a costa de tensiones con sus aliados históricos.
Suben tarifas sin limpiar la casa: la receta de Movimiento Ciudadano en Jalisco denuncia Alcalde
En Jalisco, la historia se repite: el gobierno estatal, encabezado por Pablo Lemus, vuelve a mostrar que la prioridad no es la gente, sino la caja registradora. Mientras los discursos presumen “modernidad” y “eficiencia”, en la práctica el bolsillo del pueblo es el que paga los platos rotos. El gobernador decidió aumentar las tarifas de los servicios públicos sin antes cumplir con una exigencia básica de cualquier administración responsable: limpiar de corrupción a las instituciones que manejan ese dinero, denunció Luisa Alcalde, Presidenta de Morena. La gran diferencia entre los gobiernos de la Cuarta Transformación y los del mal llamado @MovCiudadanoMX es que ellos no piensan en la gente. Al gobernador @PabloLemusN le preguntamos: ¿cómo se atreven a subir las tarifas de los servicios públicos sin antes limpiar de corrupción… pic.twitter.com/MA2xnfw30w — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 15, 2025 La pregunta es obligada: ¿cómo se atreven a cargarle más a las y los ciudadanos sin rendir cuentas sobre los desfalcos y malos manejos que se han denunciado en organismos y dependencias estatales? La diferencia con los gobiernos de la Cuarta Transformación es evidente. Mientras la 4T pone primero el bienestar de la gente y combate la corrupción antes de tomar decisiones de este calibre, en Movimiento Ciudadano parecen creer que “pagar más” es un deber ciudadano… aunque la corrupción siga intacta. Porque sí, gobernar es servir, no hacer caja a costa de un pueblo cansado de que siempre le pidan más, pero le den menos.
ACME exige más al Pueblo… mientras su líder se da la gran vida
La historia de siempre: los que piden más al Pueblo son los que menos dan.La Alianza de Transportistas, Comerciantes Metropolitanos y Anexas (ACME) volvió a presionar para aumentar el precio del pasaje en el Estado de México, alegando que “no les alcanza” para mejorar el servicio. Sin embargo, el pronunciamiento contrasta con el estilo de vida de su líder, Jafet Sainz, quien presume en redes sociales lujos como viajes en aviones privados y estancias en destinos internacionales. Recientemente, Sainz compartió imágenes de un viaje a Capadocia, Turquía, realizado en primera clase de Turkish Airlines, vuelo que puede costar hasta 200 mil pesos, sin contar hospedaje, alimentación y actividades turísticas. Esto, según los precios publicados en la propia página web de la aerolínea. Mientras tanto, los usuarios del transporte público en el Edomex rechazan el aumento, denunciando las malas condiciones de las unidades, la deficiente atención de los operadores y la falta de seguridad. El Estado de México ya se ubica entre las entidades con las tarifas más altas del país, solo por debajo de Baja California, un estado fronterizo con un salario mínimo superior al mexiquense. La Gobernadora Delfina Gómez ha sido firme: no habrá aumento que castigue a las familias mexiquenses. Su prioridad es garantizar un transporte público digno, accesible y seguro, no un pretexto para que unos cuantos mantengan su vida de lujos a costa del Pueblo.
Carlos Treviño, ex director de Pemex, detenido en EU y será juzgado en México
La justicia alcanza a otro de los rostros más oscuros de la corrupción del viejo régimen. Carlos Treviño Medina, ex director de Petróleos Mexicanos bajo gobiernos del PRIAN, fue detenido este miércoles en Estados Unidos y será deportado a México para enfrentar cargos por corrupción millonaria en el escándalo Odebrecht. Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la captura: “Ayer se detuvo a un ex director de Pemex que estaba en las alertas, lo van a deportar y será juzgado aquí por corrupción”. Treviño está acusado de haber recibido 4 millones 390 mil pesos en sobornos, según declaró su antecesor, Emilio Lozoya Austin. El pago fue parte de un acuerdo ilegal para operar una planta de polietileno abastecida de etanol por Pemex, lo que garantizó ganancias multimillonarias a la empresa brasileña Odebrecht a costa del patrimonio nacional. La Fiscalía General de la República había solicitado desde 2021 a Interpol una ficha roja para su captura, luego de que Treviño evadiera una audiencia judicial. Se le imputan delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La detención de Treviño es un golpe directo a la impunidad que durante décadas protegió a las élites políticas y empresariales del PRIAN. La 4T avanza en su compromiso de acabar con la corrupción y recuperar lo que es del Pueblo.
Plaza Mítikah: otro capítulo negro del Cártel Inmobiliario del PAN
El desplome de un elevador en Plaza Mítikah no solo dejó dos personas heridas y obligó al cierre temporal del lujoso centro comercial: volvió a encender las alarmas sobre el Cártel Inmobiliario del PAN y la red de complicidades que permitió que este megaproyecto operara pese a las denuncias y antecedentes de irregularidades. El siniestro ocurrió cuando un elevador descendió desde planta baja hasta el sótano siete, deteniéndose bruscamente en tres ocasiones antes de caer.Las víctimas —un hombre de 47 años y una mujer de 60— sufrieron lesiones cervicales y posibles fracturas. Fueron trasladadas de urgencia a hospitales de la capital. La alcaldía Benito Juárez ordenó el desalojo inmediato y suspendió actividades hasta que se presenten certificaciones firmadas por un Director Responsable de Obra (DRO) y un oficial responsable. Un complejo marcado por la corrupción Plaza Mítikah, inaugurada en 2022 y parte del megaproyecto de Fibra Uno, ha estado en el centro de las denuncias vecinales desde su construcción.Activistas y colonos recuerdan que fue levantada en medio de protestas por violaciones al uso de suelo, omisiones en dictámenes de seguridad y favores urbanísticos avalados durante gobiernos panistas en la Benito Juárez. La Fiscalía capitalina investiga actualmente la trama de corrupción inmobiliaria del PAN en la demarcación, y Mítikah figura como uno de los desarrollos beneficiados por esas redes. Seguridad ciudadana, la gran ausente Para críticos y vecinos, el desplome del elevador es la consecuencia directa de la colusión entre autoridades corruptas y desarrolladores que priorizaron el negocio sobre la vida y seguridad de las personas. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya abrió una carpeta por lesiones culposas y revisará no sólo las causas técnicas del accidente, sino también las autorizaciones, licencias y supervisiones que permitieron que este complejo abriera sus puertas sin garantías mínimas de seguridad.
Cae Pedro Segura, presunto operador de Guerreros Unidos ligado al caso Ayotzinapa
Durante la madrugada, Pedro Segura Balladares fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México, acusado de delincuencia organizada y señalado por su presunta participación en los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de utilizar su hotel Vida en el Lago, ubicado en Tepecoacuilco, Guerrero, como centro logístico para el grupo criminal Guerreros Unidos. Según la indagatoria, el inmueble habría servido para reuniones con líderes del grupo delictivo y como punto de recepción y almacenamiento de droga, con entregas de entre media y tres toneladas de marihuana cada 15 días. De acuerdo con medios nacionales que accedieron a las causas de la detención, Segura también habría operado empresas con sede en Chicago, Illinois, como fachada para actividades ilícitas. El señalamiento más grave lo ubica el 27 de septiembre de 2014, cuando presuntamente recibió en su hotel a cuatro jóvenes de Ayotzinapa, entregados por un operador criminal de plaza en Tepecoacuilco, en el contexto de los hechos que derivaron en la desaparición de los estudiantes. La orden de aprehensión fue girada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, dentro de la causa penal 13/2025. Las autoridades federales mantienen en reserva más detalles de la investigación, mientras que Segura enfrentará su proceso desde el penal de máxima seguridad del Altiplano.
