México se ha caracterizado, no desde ahora sino desde siempre, por ser un pueblo unido y con una profunda capacidad de resistencia y solidaridad frente a las adversidades políticas, económicas y, sobre todo, naturales. En nuestro país hemos enfrentado terremotos, huracanes, inundaciones y diversos fenómenos ocasionados por el ser humano o por la naturaleza, que han cobrado la vida de muchas personas y provocado la pérdida de bienes patrimoniales.
Recientemente, en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, comenzaron a registrarse de forma continua e intensa, a partir del domingo 5 y lunes 6 de octubre de 2025, fuertes lluvias que alcanzaron su punto más crítico entre el 7 y el 9 de octubre.
Los estados más afectados fueron Veracruz, Hidalgo y Puebla. Para el caso de Veracruz, hasta el 13 de octubre se reportaban 29 personas fallecidas, 18 desaparecidas y afectaciones en 40 municipios, principalmente en Poza Rica, Tuxpan y Tecolutla. En el estado de Hidalgo se registraron 13 fallecidos, 4 personas no localizadas y daños en 23 municipios. En Querétaro hubo una persona fallecida y 8 municipios afectados; finalmente, en San Luis Potosí se reportaron 12 personas desaparecidas y afectaciones en 12 municipios.
El estado con mayores afectaciones es Veracruz, donde varias localidades se encuentran completamente inundadas, lo que ha provocado daños considerables a viviendas e infraestructura, además de problemas sanitarios y contaminación que agravan la situación en las zonas afectadas.
Frente a esta tragedia, hemos visto una respuesta eficaz por parte del Gobierno Federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con las y los gobernadores correspondientes. Las principales medidas tomadas han sido ocho:
- Declaratoria de emergencia y desastre natural. Emitida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, permitió liberar recursos de forma inmediata y activar protocolos de auxilio. Aunque ya no existe el fideicomiso del FONDEN, sí existen recursos presupuestales destinados para estos casos.
- Activación de planes de auxilio. Se pusieron en marcha el Plan DN-III-E del Ejército, el Plan Marina de la Secretaría de Marina y el Plan de la Guardia Nacional. Aproximadamente 10 mil elementos han sido desplegados en las zonas afectadas.
- Instalación de albergues y atención humanitaria. Más de 30 mil personas fueron trasladadas a albergues, priorizando la atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
- Evaluación de daños y reconstrucción. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inició la evaluación de caminos afectados, con prioridad en la reapertura de caminos rurales, reparación de puentes colapsados y limpieza de escombros y deslaves.
- Censos y apoyos sociales. La Secretaría de Bienestar comenzó a levantar censos de personas damnificadas para la entrega de apoyos directos para vivienda, otorgamiento de ayudas económicas y anunció un programa de reconstrucción integral de viviendas.
El Poder Judicial Federal también ha hecho lo propio. Recordemos que, en el pasado, se percibía a este poder como distante frente a las tragedias. Hoy, en esta Nueva Corte, el presidente Hugo Aguilar Ortiz dio a conocer que el Pleno de la Suprema Corte aprobó que las y los ministros donarán parte de su sueldo para la compra de víveres destinados a las personas afectadas.
Se han instalado centros de acopio en:
- La sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- La sede alterna localizada en Avenida Revolución No. 56.
Asimismo, el Instituto Federal de Defensoría Pública, encabezado por Benjamín Rubio Chávez, anunció un punto de acopio en sus instalaciones. Los suministros recolectados serán entregados en la sede de la SCJN para su distribución a las personas damnificadas.
Universidades como la UNAM, la UAM y el IPN, entre otras, también se han sumado a este esfuerzo solidario.
No cabe duda de que el pueblo de México siempre está a la altura de las circunstancias cuando el momento lo amerita. Lo ocurrido en estos cinco estados apenas comienza a dimensionarse: cientos de familias han perdido todo —algunos seres queridos y otras sus bienes patrimoniales—.
Corresponde al Estado mexicano seguir respondiendo ante estas adversidades y comprometerse, en el ámbito de sus competencias, a no dejar sola a ninguna familia damnificada, además de buscar mecanismos que mitiguen o disminuyan el riesgo de que se repita lo que hoy aqueja a miles de personas afectadas por las lluvias.
