La justicia energética que México está corrigiendo
La reforma energética de 2013 sí trajo beneficios. Sería absurdo negarlo. Hubo inversión, hubo crecimiento en capacidad renovable y hubo precios atractivos en subastas. Pero también es cierto algo que durante años se evitó decir con claridad: el modelo privatizó beneficios y socializó costos.
Se crearon grandes ganadores industriales. Empresas que encontraron un marco regulatorio ideal para maximizar utilidades, asegurar contratos de largo plazo y operar bajo reglas que les permitían enfocarse en producir y vender energía al menor costo posible. Hasta ahí, todo parecía eficiencia de mercado.
El problema es que el diseño omitió algo fundamental: ¿quién paga el costo de mantener estable el sistema eléctrico? ¿Quién absorbe los costos cuando la red requiere respaldo, infraestructura adicional o ajustes operativos para que todo funcione?
No fueron los privados. Fue la CFE. Fue el operador del sistema. Y, en última instancia, fueron todos los mexicanos.
El gobierno de Peña Nieto diseñó un esquema donde los beneficios de la expansión eléctrica podían privatizarse, pero los costos de estabilidad, transmisión y ajustes operativos se quedaban en el ámbito público. Cuando era necesario mantener centrales operando para garantizar confiabilidad, el costo no lo absorbían quienes hacían negocio. Cuando se requerían inversiones en líneas o infraestructura para evacuar proyectos privados, el peso recaía en la red nacional.
Eso no es competencia perfecta. Eso es asimetría. Durante años, el discurso se centró en eficiencia y precios, pero no en justicia. No en la equidad del sistema. No en si todos los actores contribuían proporcionalmente al mantenimiento de la infraestructura crítica que les permitía operar.
Y esa es la diferencia central del momento que vivimos hoy. Lo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Energía, Luz Elena González están haciendo no es cerrar la puerta a la inversión privada. Es ajustar el sistema para que quien venga a hacer negocio también asuma su parte del costo.
Si un privado quiere explotar la riqueza energética nacional, bienvenido. Pero no puede hacerlo trasladando al Estado, y por tanto a la nación, el costo de sostener la red, de reforzar infraestructura o de garantizar estabilidad operativa.
La reforma de 2025 introduce mecanismos claros para corregir esa distorsión: planeación vinculante a través del PLADESE, criterios territoriales para evitar saturaciones y reglas técnicas que obligan a que los nuevos proyectos contribuyan a la confiabilidad del sistema. Además, se avanza hacia esquemas donde los servicios necesarios para mantener la red operativa sean remunerados y compartidos, no absorbidos unilateralmente por las empresas públicas.
En términos simples: se acabó el modelo donde unos ganaban y otros pagaban la cuenta.
Esto no es una postura ideológica contra el sector privado. Es una postura a favor de la equidad sistémica. Es reconocer que el sistema eléctrico es infraestructura estratégica nacional y que su estabilidad no puede financiarse exclusivamente con recursos públicos mientras las utilidades se concentran en unos cuantos.
La diferencia es clara: antes se diseñó un modelo que generó grandes ganadores industriales que socializaron costos. Hoy se construye un modelo donde todos deben contribuir.
La justicia energética no significa excluir. Significa ordenar. Significa que el desarrollo eléctrico sea una oportunidad compartida, no un mecanismo para transferir riesgos al Estado y rentas al privado.
México no está rechazando la inversión. Está exigiendo corresponsabilidad.
Y esa es una corrección necesaria para que la riqueza energética nacional se explote con equilibrio, con justicia y, sobre todo, en beneficio de todos los mexicanos, no de unos cuantos grupos de interés que durante años hicieron negocio mientras la nación absorbía los costos invisibles del sistema.
Eso es lo que está cambiando. Y eso es lo que algunos no quieren aceptar.
