México es uno de los países donde más se trabaja y menos se descansa. Según la Organización Internacional del Trabajo, las y los mexicanos laboran más de 2,200 horas al año, casi quinientas más que el promedio de los países de la OCDE. Y, sin embargo, los niveles de productividad y bienestar no crecen al mismo ritmo. La iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas no es una concesión política ni un capricho sindical: es una exigencia de justicia, salud y dignidad.
El sociólogo Richard Sennett, en La corrosión del carácter (1998), escribió que “el trabajo sin límite destruye el carácter”. Una sociedad que mide su valor por la cantidad de horas trabajadas y no por la calidad del tiempo vivido termina vaciando de sentido la idea misma de progreso. Desde 1919, la OIT reconoció que limitar la jornada laboral no era solo una decisión económica, sino un límite ético al poder del capital sobre el cuerpo humano. Reducirla a 40 horas es retomar ese principio y reconocer que el tiempo libre también forma parte del salario vital.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría del Trabajo, impulsa una transición gradual, ordenada y sustentable. No se trata de improvisar una reforma, sino de acompañar el cambio con medidas que protejan la productividad y fortalezcan la formalidad. Habrá quien diga que no es el momento, pero la justicia social nunca tiene un calendario cómodo.
El economista Amartya Sen, en Desarrollo y libertad (1999), escribió que el desarrollo auténtico es aquel que amplía las libertades de las personas. Y eso hace la reducción de la jornada, devuelve la posibilidad de cuidar, aprender, convivir, decidir sobre el propio tiempo. En un país donde millones de trabajadores no pueden disponer de sus horas ni de su descanso, esta reforma representa un avance hacia una democracia más profunda, una en la que el tiempo también sea un derecho político.
El investigador británico Guy Standing, autor de El precariado: una nueva clase social peligrosa (2011), advirtió que la nueva clase trabajadora del siglo XXI vive marcada por la ansiedad y la inseguridad. México no escapa a esa realidad, pues los jóvenes trabajan más, ganan menos y glorifican el agotamiento como sinónimo de éxito. Reducir la jornada laboral es también una política de salud mental y de reconstrucción de la comunidad.
La filósofa Hannah Arendt, en La condición humana (1958), escribió que “el trabajo debería liberar al ser humano de la necesidad, no esclavizarlo a ella”. En un país donde el cansancio colectivo se ha vuelto norma, reconocer el derecho al descanso es una forma de emancipación moderna. No se trata de trabajar menos, sino de vivir mejor.
El debate sobre las 40 horas no es técnico, es político. Es la pregunta de si un gobierno progresista puede transformar el modelo laboral sin pedir permiso a quienes han hecho del cansancio ajeno un negocio. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que “el bienestar no es caridad, es justicia”. Y la justicia empieza por devolverle a las y los trabajadores algo que les pertenece desde siempre, su tiempo.
Reducir la jornada laboral es una declaración de principios. Significa que el Estado reconoce que la riqueza no solo se mide en el PIB, sino también en horas recuperadas para la vida. Porque, como escribió Zygmunt Bauman en Modernidad líquida (2000), “una sociedad que olvida el valor del tiempo libre termina olvidando el sentido mismo de la libertad”.
La reforma de las 40 horas es, en el fondo, un acto de soberanía social. Es la promesa de que el progreso no se mida por lo que se produce, sino porque protege la vida, la salud, el tiempo y la dignidad.
