En el debate público mexicano, pocas instituciones son tan determinantes para la vida cotidiana y, al mismo tiempo, tan poco visibles como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. De sus decisiones dependen asuntos tan concretos como el acceso a medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, alimentos e insumos para el sistema de salud. Cuando su labor es consistente, pasa desapercibida; cuando se debilita, el impacto es inmediato.
Por ello, el reciente nombramiento de Víctor Hugo Borja al frente de COFEPRIS abre una conversación necesaria sobre el papel que este organismo juega en la arquitectura del Estado mexicano. COFEPRIS no es una oficina administrativa más: es una autoridad sanitaria estratégica, de cuyo funcionamiento dependen la confianza pública y la seguridad sanitaria del país.
Durante la gestión de la pandemia, y particularmente en los trabajos realizados desde la Secretaría de Relaciones Exteriores para facilitar el acceso oportuno a vacunas y equipo de protección personal, quedó claro que la capacidad regulatoria del país es tan importante como su capacidad diplomática o logística. En contextos de alta presión, contar con una autoridad sanitaria con criterios claros y capacidad de decisión fue indispensable para que las políticas públicas se tradujeran en resultados concretos para la población.
Ese aprendizaje se dio en paralelo al trabajo de las instituciones médicas de mayor especialización del país. Durante la contingencia por covid-19, el doctor David Kershenobich se encontraba al frente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, uno de los centros hospitalarios y de investigación más relevantes del sistema público de salud. Desde ahí, enfrentó de primera mano la presión hospitalaria, la toma de decisiones clínicas complejas, la reorganización institucional y la necesidad de coordinarse con autoridades sanitarias nacionales en un contexto de incertidumbre permanente.
Esa experiencia directa, desde la trinchera clínica y de gestión hospitalaria, explica en buena medida la claridad con la que hoy se privilegian perfiles técnicos y con experiencia probada para posiciones clave del sistema sanitario. Haber estado al frente de una institución como Nutrición durante la emergencia sanitaria otorga una comprensión concreta de lo que implica que la regulación funcione, llegue a tiempo y genere certidumbre en los momentos críticos.
En ese marco, la designación de Víctor Hugo Borja responde a una lógica de conducción técnica y conocimiento del sistema de salud. COFEPRIS es una institución que requiere método, rigor y experiencia operativa. Las decisiones que ahí se toman tienen consecuencias reales sobre el abasto, la seguridad y la operación cotidiana del sistema sanitario.
Más allá de los momentos de emergencia, COFEPRIS enfrenta retos estructurales permanentes: garantizar procesos regulatorios confiables, evitar rezagos que impacten al sistema de salud, dar certidumbre técnica a quienes producen y distribuyen insumos médicos y proteger a la población frente a riesgos sanitarios. Todo ello exige conducción institucional, conocimiento profundo del sector y capacidad de articulación dentro del Estado.
En los próximos meses, la atención estará puesta en cómo la Comisión fortalece sus procesos internos, reduce cuellos de botella y consolida su papel como autoridad sanitaria confiable. Regular bien no significa ni acelerar sin criterio ni endurecer por inercia, sino ejercer la función pública con rigor técnico, claridad institucional y visión de largo plazo.
México necesita reguladores profesionales y estables. Por la naturaleza de sus atribuciones, COFEPRIS es una de las piezas más sensibles de esa arquitectura institucional. Su conducción impacta directamente en el bienestar de las personas, en la operación del sistema de salud y en la capacidad del país para responder con seriedad a riesgos sanitarios presentes y futuros.
En un momento en el que el Estado mexicano busca consolidar capacidades estratégicas y evitar improvisaciones, el rumbo que tome COFEPRIS será un indicador claro de cómo se entiende la regulación sanitaria: no como un obstáculo, sino como una función pública esencial, silenciosa y profundamente necesaria.
