A propósito de una charla que compartimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre movimientos estudiantiles, en esta etapa de apertura para las causas del pueblo, es importante reseñar algunos desafíos de la educación superior en tiempos de transformación.
La Constitución de 1917, emanada de la revolución, la primera del mundo en reconocer derechos sociales, registró en su Artículo 3° el derecho a la educación; se estableció la libertad de enseñanza, la laicidad de la educación primaria, la gratuidad de la ofrecida por el Estado, la exclusión de corporaciones y ministros religiosos y la vigilancia estatal sobre la educación privada. Y marcó un punto esencial: “En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria”. Después, el Artículo 3° Constitucional: ya reformado en su párrafo IV, puntualizó: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.
La nueva Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019 por Andrés Manuel López Obrador, incluyendo las últimas reformas de junio de 2024, estableció en su Artículo 7:
“Que corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será: IV. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que:
- a) Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado;
- b) No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos”.
Sin embargo, uno de los principales retos de nuestro tiempo es cómo garantizar y hacer exigible el derecho a la gratuidad de la educación media superior y superior que imparten las distintas instituciones federales, estatales o locales con recursos del erario, por ende, del pueblo.
Por ejemplo, en la UANL los costos de Servicios Académicos y Escolares para Licenciatura simplemente por ingreso son de $2,981.00 para alumnos provenientes del bachillerato de la propia UANL y de $14,481.00 para alumnos foráneos. Esto mas otros cobros como Bono Deportivo, Cuota Escolar, Servicios para la Enseñanza, etc.
En contraparte, diversas instituciones han advertido que se tiene que garantizar la suficiencia presupuestal por el Estado mexicano para el cumplimiento cabal de sus fines, y no exista justificación para cobros indebidos, situación que hoy en día no ocurre, y que nos remite a la añeja pero vigente discusión sobre el monto del PIB que debe destinar el Estado para garantizar la gratuidad.
Asimismo, es oportuno mantener todas las acciones de gobierno para ampliar la cobertura de los jóvenes en edad de estudiar la educación media superior y superior. La Transformación ha logrado notables avances con el despliegue de 200 planteles de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, ubicados en regiones estratégicas para garantizar el derecho a la Educación Superior a las y los jóvenes que antes eran excluidos por el neoliberalismo.
En su comparecencia de octubre, en la Cámara de Diputados el secretario de Educación Pública informó que en el sexenio la meta es llegar a 55% de cobertura en la Educación Superior, con el compromiso que los sistemas públicos educativos y federales abran 330 mil lugares más para los estudiantes.
Finalmente, quienes somos jóvenes de experiencia acumulada nos corresponde seguir promoviendo los espacios formales o informales de concientización que contribuyan a la necesidad de defender para las siguientes generaciones el derecho a la educación pública, gratuita y laica.
Sin violentar la autonomía universitaria, es importante no cerrar los ojos a otros problemas de hoy, principalmente la inseguridad, la violencia de género, la penetración de la delincuencia organizada y la infiltración de dealers y provocadores en las atmosferas de los grupos estudiantiles.
También hay que referir que sigue habiendo formas de gobierno y estructuras verticales, autoritarias, antidemocráticas en distintas universidades públicas, y que esto ha brindado impunidad a abusos de poder, injusticias laborales, y afectación de derechos humanos. Pero insistimos, este debate solo es posible abrirse desde el interior y con la participación activa de estudiantes, profesores, investigadores y académicos de las comunidades universitarias.
Hoy celebramos que la SCJN, después de décadas vuelve a estar del lado de las causas justas. Hacemos votos para que, en el ámbito de sus atribuciones, la Suprema Corte encuentre caminos para contribuir al dialogo sobre el ejercicio pleno del derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles.
