En 1989 el PRI y el PAN firmaron el acta del matrimonio político que consolidó el neoliberalismo en México. El arquitecto ejecutor de esta obra fue el entonces usurpador en la presidencia de México: Carlos Salinas de Gortari -conocido también como el innombrable-; el objetivo pavimentar las contrarreformas constitucionales para desmantelar los logros de la revolución mexicana y entregar el país a manos extranjeras y privadas, y el primer hijo político de este acuerdo que traicionó los principios originales del PRI y el PAN fue el panista Ernesto Ruffo Appel, a la postre gobernador electo de Baja California. El primer gobernador no priista o de «oposición» en la época del partido de Estado. En realidad, uno de los operadores del salinismo desde la médula del naciente PRIAN.
Los testimonios de la época recuerdan como al anunciarse oficialmente su triunfo, el gobernador electo prefirió asistir a rendirle pleitesía al innombrable, que convivir sin parafernalias con el pueblo que lo eligió, que había albergado la esperanza en que el blanquiazul Ruffo cambiara al menos los usos y costumbres del poder. Lo mismo ocurrió tras su toma de posesión, cuando optó por viajar a Los Pinos para acordar los términos del amasiato, y comenzó a defraudar aún más las expectativas de cambio en la península.
A este proceso se le denominó las concertacesiones porque al tiempo que el usurpador Salinas reconoció el triunfo panista en Baja California, el mismo régimen promovió y solapó el fraude electoral contra el PRD en las elecciones municipales y del Congreso local en Michoacán de 1989, para bloquear el avance de la auténtica oposición al salinismo agrupada en el cardenismo.
El origen del acuerdo entre Salinas y el PAN desde el origen se fraguó no solo en la ilegitimidad de un pacto entre fuerzas políticas supuestamente opuestas, sino en la ilegalidad: “En rigor, Ruffo Appel no debió ser registrado como aspirante al gobierno bajacaliforniano, ya que no cumplía con los requisitos de la legislación local. Sin embargo, desde el gobierno priista local, y por instrucción de la federación, se torció la ley para permitir contender a Ruffo Appel, a quien luego se le facilitaron las cosas para finalmente llegar al Ejecutivo local”. Señaló el entonces articulista de La Jornada, Ricardo Alemán.
Asimismo consignó: “Resulta que el artículo 41 de la Constitución local, dice que para ser gobernador se requiere «ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos por nacimiento», con la salvedad de que «aquellos ciudadanos candidatos al gobierno del estado, cuyo nacimiento haya ocurrido en el extranjero, deberán acreditar su nacionalidad mexicana, invariablemente con el certificado que expida en su caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal, fechada con anterioridad al día que se cumplan 21 años de edad». Sólo que era difícil que Ruffo Appel demostrara plenamente su nacionalidad mexicana, pues por principio de cuentas existían dos actas de nacimiento, una expedida en Tijuana con fecha 16 de junio de 1996, en donde se dice que (sic) Ernest Ruffo Appel nació en San Diego, California, el 25 de junio de 1952, y otra expedida en Ensenada, con fecha 19 de noviembre de 1953, en la que consta que (Sic) Ernesto Ruffo Appel nació en Ensenada el 25 de junio de 1992. ¿Cuál de las dos actas debía tomarse como efectiva? Para efecto de su registro, Ernesto Ruffo presentó la primera, en donde consta que es originario de San Diego, California lo cual consta en los diarios de los debates de la Comisión Estatal Electoral, pero resulta que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el certificado de nacionalidad mexicana a Ruffo, número 29 46, con fecha 20 de junio de 1986, esto es, cuando Ruffo tenía 34 años. No cumplía con la Constitución local.”
Hoy, sabemos (de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República) que Ernest o Ernesto Ruffo Appel se convirtió además en uno de los operadores de la corrupción del PRIAN en diversos ámbitos. El exgobernador panista Ruffo resultó ser un verdadero criminal, huachicolero, evasor fiscal y con nexos con el crimen organizado. Fue detenido el 16 de julio por huachicol fiscal y en principio la FGR estima un daño por robo y tráfico de combustibles de más de 4 mil millones de pesos al erario.
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