Durante décadas, Guerrero fue mencionado con frecuencia, pero atendido con superficialidad. Nombrado en discursos, utilizado como símbolo del rezago, pero sistemáticamente relegado en las decisiones estructurales del Estado. El abandono no fue accidental ni coyuntural, fue el resultado de un modelo que normalizó la desigualdad territorial, la fragilidad institucional y la ausencia de inversión pública sostenida.
Guerrero acumuló una deuda histórica, una deuda que no se explica únicamente por su complejidad social o geográfica, sino por la falta de un Estado presente, capaz de garantizar derechos, construir capacidades y generar condiciones reales de desarrollo. Allí donde el Estado se retiró, crecieron la informalidad, la violencia y la desconfianza institucional.
Reconocer este abandono es indispensable para entender el momento político que hoy vive el estado, porque lo que está en juego no es solo la asignación de recursos, sino un cambio de paradigma, pasar de la administración del rezago a la reconstrucción del Estado desde el territorio.
La Cuarta Transformación introdujo una lógica distinta, por primera vez en mucho tiempo, Guerrero dejó de ser tratado como un problema y comenzó a ser asumido como una prioridad nacional. Esto se refleja, ante todo, en una política social que dejó de ser asistencialista para convertirse en política de Estado, con programas universales, reglas claras y una ejecución directa que rompió con décadas de intermediación y discrecionalidad.
Los programas de bienestar no solo han significado ingresos para millones de familias guerrerenses; han representado una presencia concreta del Estado en comunidades históricamente olvidadas. Adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad y productores rurales han sido incorporados a una red de protección social que reconoce derechos, no favores. Esa presencia cotidiana transforma la relación entre ciudadanía y gobierno, reconstruye confianza y fortalece el tejido social.
Pero la prioridad de Guerrero no se limita al ámbito social, la inversión federal en infraestructura, reconstrucción tras desastres y atención directa a las regiones más vulnerables revela una visión territorial que durante años estuvo ausente. No se trata únicamente de recursos presupuestales, sino de una decisión política, llevar al Estado donde antes no llegaba, con enfoque social y sentido de urgencia.
Guerrero es, hoy, un territorio estratégico para medir el alcance real de la transformación. Porque reconstruir el Estado en una entidad con profundas desigualdades implica ir más allá del gasto público, exige fortalecer capacidades institucionales, coordinar niveles de gobierno y garantizar que la política pública tenga impacto real en la vida de las personas.
En este contexto, el llamado “segundo piso de la Transformación” adquiere una relevancia especial. No se trata de repetir fórmulas ni de administrar inercias. Se trata de profundizar un proyecto que entiende que la justicia social no es sostenible sin instituciones sólidas, ni la gobernabilidad es posible sin bienestar.
La llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representa la oportunidad de consolidar este enfoque con rigor técnico y sensibilidad social. Su perfil combina planeación, conocimiento del Estado y una visión clara de que el desarrollo no puede seguir concentrándose en unos cuantos territorios, para Guerrero, esto significa continuidad con dirección, no inercia; presencia estatal con estrategia, no improvisación.
El reto hacia adelante es claro, que la prioridad política se traduzca en resultados sostenibles. Que los programas sociales se complementen con políticas de desarrollo regional, seguridad con enfoque de derechos, fortalecimiento municipal y acceso real a la justicia. Que la inversión no solo llegue, sino que permanezca y genere capacidades locales.
Guerrero no requiere discursos ni soluciones mágicas. Requiere un Estado que no se retire, que no delegue su responsabilidad y que entienda el territorio desde su complejidad. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, ese Estado comienza a regresar.
Guerrero exige justicia histórica. Y convertir esa exigencia en política pública es, quizá, una de las pruebas más importantes del proyecto de transformación que vive el país.
