En los círculos del poder —desordenados, dominados históricamente por hombres, elevados a veces al rango de “lo normal”—, las mujeres que los atraviesan son juzgadas con un rasero distinto, que lleva consigo expectativas de género, prejuicios culturales, y una narración que parece necesitar poner en duda constantemente su legitimidad, desde su apariencia hasta su estilo… desde sus discursos, hasta sus silencios. A partir de los resultados de estudios diversos, y en sintonía con lo aportado por numerosas voces de autoras feministas, se puede sustentar un llamado a la congruencia y al respeto, al trato igualitario en política, porque lo que está en juego es la igualdad y una sociedad justa.
Las cifras muestran que ha habido avance en la participación política de las mujeres, pero que el terreno sigue plagado de desigualdad y condiciones distintas. En el documento denominado “Women in Politics: 2025”, se afirma que las mujeres ocupan el 27.2% de los escaños parlamentarios y sólo el 22.9% de los puestos en gabinetes ministeriales a nivel mundial. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), en 2025 los países miembros tienen en promedio 34% de mujeres en las cámaras bajas o únicas de sus parlamentos, frente al 26% en 2012, lo cual muestra avance cuantitativo… pero también que la brecha persiste. Estas cifras demuestran que la representación es crucial, pero no suficiente: estar “en” la política no equivale automáticamente a ser juzgada o tratada igual, ni a que los obstáculos que enfrentan, sean los mismos que los de los hombres.
México presenta un escenario interesante: en cuestión de número, se han logrado hitos. Pero la paridad formal aún no implica la equidad sustantiva, ni un trato igualitario. Aun cuando la OECD reporta que México “ha logrado la paridad completa”, con mujeres ocupando el 50 % de los asientos en el parlamento federal y un estudio sobre el empoderamiento político de las mujeres en los estados de la República halló que contar con un “masa crítica” de alrededor de 30% de mujeres en los legislativos estatales se asocia con mejoras en los índices de salud y educación en esos estados, en la investigación de Fernanda Vidal Correa (“Women in Mexican Politics: A Study of Representation in a Renewed Federal and Democratic State”) se analiza cómo, aunque México ha tenido reformas para aumentar la participación femenina, persisten barreras ligadas a las redes informales, al capital político diferenciado y al clientelismo. Por ende, se demuestra que el “qué” (tener mujeres en cargos) cambia, pero no siempre el “cómo” (el trato, la legitimidad, los condicionantes). Cuando una mujer se sitúa en el poder, no es evaluada de la misma manera que un hombre: se espera más, se critica diferente, se cuestiona lo que se daría por entendido en el varón.
No basta con que una mujer acceda al cargo; el sistema la recibe con predisposiciones culturales. Y cuando actúa, el público (y los medios, y los/as analistas) la evalúan bajo un lente que combina política, género y rituales de legitimidad. El entorno político para las mujeres no sólo viene cargado de prejuicios, sino además de una mayor probabilidad de asumir tareas invisibles (mentoría informal, conciliación), de enfrentar microagresiones, de recibir críticas relativas a su persona más que a su función. En un contexto donde el sexismo y el doble estándar persisten, la evaluación se vuelve más intensa. Este juicio desigual no es un mero asunto de “mala educación”: tiene efectos reales en la política y en la participación de las mujeres.
Cuando la sociedad juzga distinto a una mujer política, lo que se evalúa no es sólo su desempeño, sino su “ser mujer en política” y eso puede distorsionar la lectura democrática. No basta decir “igualdad”, hay que ver cómo el lenguaje, los medios, las redes, la evaluación pública y privada tratan de manera distinta a mujeres y hombres en cargos políticos. Se debe exigir que la evaluación de cualquier gobernante —hombre o mujer— se base en acciones, resultados, ética, transparencia, visión… no en atributos de género, ni en estereotipos. Se necesita fomentar redes de apoyo, mentorías, visibilización de mujeres que participan en la política, y desmontar narrativas que las ubican siempre como “otras”, “excepciones”, “compensaciones”. Resulta urgente que los medios se cuestionen su actuar al respecto y que como sociedad, optemos por la congruencia: lo importante no es el género de quien decide, sino la calidad de la decisión. Y en todo caso, está demostrado plenamente que ¡las mujeres sí podemos!
