El salario nunca ha sido cifra neutra. No solo responde a trámites financieros ni a un elemento técnico de la economía, sino a territorios en disputa donde se expresa la tensión permanente entre quienes viven de su trabajo y quienes viven del trabajo del otro. Por eso cobra sentido detenerse y reflexionar en el aumento del 13% al salario mínimo para 2026, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Una decisión que confronta décadas de políticas que mantuvieron al salario como mecanismo de opresión, no como derecho.
Este cambio no se explica solo por una voluntad política aislada, sino por la ruptura con el paradigma neoliberal que rigió México por más de treinta años. Durante los sexenios de Miguel de la Madrid, Salinas y Zedillo, los gobiernos respondieron prioritariamente a las exigencias de organismos financieros internacionales que promovían la austeridad salarial como garantía de “estabilidad”. Bajo esa lógica, el salario dejó de ser una herramienta para dignificar la vida y se convirtió en un ancla para el control macroeconómico. La consigna era clara: contener el ingreso de la clase trabajadora, incluso al costo de empobrecerla, porque así lo dictaba el libreto del Consenso de Washington.
En ese periodo, se justificó el estancamiento salarial con un argumento que luego se volvió dogma: “si aumentamos el salario, aumentará la inflación”. Lo que no se decía era que congelar el salario significaba trasladar enormes beneficios a la clase empresarial, garantizarles tasas de ganancia cada vez mayores y disciplinar a una fuerza laboral debilitada. En este esquema, el trabajador no era un sujeto de derechos, sino un costo que debía minimizarse para que México resultara “competitivo” en el mercado internacional.
Frente a esa historia, el salario adquiere un carácter político: rompe con la narrativa de que la vida del trabajador debe sacrificarse para estabilizar el modelo económico. Y revela que la recuperación salarial es un paso en la reconstrucción del poder adquisitivo y de la dignidad obrera.
Pero para entender la profundidad de esta disputa hay que volver a un principio fundamental del pensamiento crítico de Marx: el salario no expresa el valor total del trabajo realizado, sino únicamente el valor de reproducción de la fuerza de trabajo. Esto significa que el salario solo cubre los bienes y servicios necesarios para que la persona pueda seguir produciendo: alimentación, transporte, energía, cuidados, tiempo. Es decir, apenas garantiza la sobrevivencia del trabajador, no el valor completo de lo que produce. Sin derecho al ocio o tiempo para la organización.
Aquí está el punto central: la fuerza de trabajo crea más valor del que recibe. A esa diferencia Marx la llamó plusvalía (PV), y la explicó mediante una relación esencial:
Valor creado – salario pagado = plusvalía apropiada por el capitalista.
Toda la maquinaria capitalista opera sobre esta fórmula. El capitalista compra la fuerza de trabajo a un precio (el salario), pero obtiene de ella un valor mucho mayor. Mientras el trabajador recibe únicamente el equivalente a su reproducción cotidiana, el empresario se apropia del tiempo no pagado. Esta apropiación es lo que hace posible la acumulación privada de riqueza.
Por eso el salario es un terreno de combate: cada aumento implica reducir la proporción de plusvalía que se apropia el capitalista; cada congelamiento salarial implica ampliar la extracción de trabajo no remunerado.
Y aquí aparece un actor que durante décadas fue neutralizado desde el poder: los sindicatos. Aunque surgieron como herramientas de defensa obrera, en los sexenios prianistas muchos fueron cooptados, convertidos en engranes del sistema partidista y administradores de la inconformidad. Su función dejó de ser evolutiva, pues ya no impulsaban la transformación de las condiciones laborales, sino que operaban como mecanismos de contención que beneficiaban a élites empresariales y políticas. El deterioro salarial del neoliberalismo fue posible, en parte, gracias a este sindicalismo controlado desde arriba que limitó la organización de la base trabajadora. Hoy, en un contexto distinto, la recuperación del salario también exige recuperar el sindicalismo: su autonomía, su capacidad de negociación colectiva y su papel en la disputa por la riqueza socialmente generada.
Así, el aumento del salario mínimo no solo corrige un rezago histórico; también reconfigura la correlación de fuerzas. Es una señal de que el Estado deja de ver a la clase trabajadora como variable de ajuste y comienza a reconocer el derecho a salarios dignos para la justicia social. Mientras exista plusvalía, existirá conflicto; y mientras exista conflicto, existirá Pueblo organizado. La lucha por el salario es, en el fondo, la lucha por el valor de la vida digna.
