La reforma electoral impulsada por la Presidenta Sheinbaum ha sido tema de discusión en las últimas semanas, no solo por su trascendencia estratégica para el desarrollo democrático del país, sino porque es una respuesta contundente a una de las demandas ciudadanas de elecciones más accesibles, económicas y cercanas al pueblo.
La iniciativa planteada desde la Presidencia propone cambios estructurales y profundos en el sistema electoral mexicano, con varios ejes centrales que responden a necesidades sociales actuales, mismas que el movimiento ha recogido a lo largo de los años:
Un órgano electoral austero y democrático, ya que la idea es refundar al actual INE y ponerlo genuinamente al servicio del pueblo y no de los partidos políticos, el cual operará con un presupuesto acorde con la austeridad republicana con la que laboran todos los órganos públicos del Estado. Ya lo decía el entonces Presidente López Obrador: “El presupuesto no es de ningún partido, es dinero del pueblo”.
Asimismo, se plantea un menor número de consejeras y consejeros, pasando de 11 a 7, quienes deberán ser elegidos por voto directo de la ciudadanía a partir de listas propuestas por los tres poderes del Estado. Esto busca hacer al organismo más cercano a la gente, así como la reducción de la actual burocracia dorada.
La desaparición de los plurinominales tal y como están electos hoy en día, ya que, en materia federal, estos son designados por las dirigencias de los partidos, sin que en algunos casos hayan salido a hacer campaña. Hay casos tan penosos que se encuentran en su tercera legislatura consecutiva sin haber realizado un solo día de campaña.
No se trata de eliminar la representación de las minorías, sino de revisar un mecanismo que durante años ha servido para proteger a quienes no construyen respaldo social, no recorren las calles y no rinden cuentas de manera directa ante el pueblo.
El recorte de financiamiento a partidos, ya que es necesario limitar los recursos públicos asignados a las fuerzas políticas; se trata de un ahorro para el erario y de una manera de evitar la influencia del dinero en la política. Los altos presupuestos destinados a los partidos, en comparación con las necesidades sociales del país, son una abierta ofensa para el pueblo.
En 2021, una encuesta del propio INE mostró que más del 50 % de las y los ciudadanos apoyaba la sustitución del organismo electoral y el recorte de recursos a los partidos, mientras que entre el 70 % y el 90 % avalaba la reducción de legisladores y la elección directa de consejeras y consejeros.
El sistema electoral actual es hipertrófico y está lleno de privilegios, como lo evidencian los altos sueldos de las y los consejeros electorales en comparación con los salarios de trabajadoras y trabajadores comunes.
La reforma electoral planteada por la Presidenta Sheinbaum es un proyecto que cuenta abiertamente con el apoyo del pueblo de México. La reducción de gastos y la construcción de un organismo electoral que rinda cuentas al pueblo y no a los partidos políticos es una tarea impostergable.
Es por ello que, lejos del autoritarismo que la oposición intenta señalar, lo que hoy se discute es cómo consolidar un sistema democrático más justo. La Presidenta Sheinbaum ha sido clara al señalar que las elecciones en México deben dejar de estar secuestradas por los partidos políticos y regresar a su ethos: la democracia popular, pues en este concepto se encuentra la esencia de la transformación democrática que el país reclama.
