La democracia mexicana ha sido construida mediante décadas de luchas sociales para ampliar derechos, eliminar exclusiones y garantizar que todas las personas puedan participar en las decisiones públicas. Sin embargo, desde algunos sectores de la derecha parecen empeñados en recorrer el camino contrario, y en lugar de preguntarse cómo acercar la política a la ciudadanía, se preguntan cómo alejar a la ciudadanía de la política.
La reciente polémica provocada por “Naat Torres” es un ejemplo muy claro. Durante una conversación en un pódcast, sostuvo que no todas las personas deberían votar y planteó la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral aplicara una evaluación como requisito para ejercer este derecho. Incluso se estableció una comparación entre el voto de una persona con estudios de posgrado y el de una persona que acaba de cumplir 18 años.
Después intentó matizar sus declaraciones y explicó que su propuesta realmente consistía en una sesión informativa impartida por el INE al momento de tramitar la credencial para votar. Pero ninguna aclaración logra borrar la idea original que quedó expuesta: creer que unas personas están mejor capacitadas que otras para participar en la democracia.
Por supuesto que México necesita más información, más debate público y una ciudadanía que conozca las facultades de sus autoridades. El problema comienza cuando la educación deja de ser una herramienta para ampliar la participación y se convierte en un filtro para limitarla.
Tener una licenciatura, una maestría o un doctorado no garantiza inteligencia, criterio, empatía ni conciencia social. Un título académico tampoco vuelve automáticamente a nadie más responsable, más honesto o comprometido con su país. Y, sobre todo, la democracia no es un premio para quienes tuvieron más oportunidades.
En México, el acceso a la educación sigue profundamente marcado por el lugar donde se nace, los ingresos de la familia, la infraestructura disponible y las desigualdades territoriales. No es lo mismo estudiar en una gran ciudad que en una comunidad de la Montaña de Guerrero. No es lo mismo crecer con todas las necesidades cubiertas que tener que abandonar la escuela para ayudar económicamente en casa.
Condicionar el voto al nivel de conocimientos significaría castigar políticamente a las personas por desigualdades que el propio Estado y la sociedad todavía no han logrado superar.
¿Quién elaboraría ese examen? ¿Qué conocimientos serían considerados suficientes? ¿Quién decidiría qué ciudadano está preparado para votar y cuál no? ¿Una élite académica, económica o partidista tendría la facultad de determinar quién merece participar?
La historia nos ha enseñado que esas preguntas nunca terminan bien.
Hoy podrían comenzar diciendo que no debe votar quien no conozca las facultades del Senado. Mañana podrían decidir que tampoco vote quien no terminó la preparatoria, quien no tiene determinado ingreso, quien vive en una comunidad rural o quien no comparte cierta visión política.
La Constitución no establece ciudadanos de primera y de segunda. Su artículo 35 reconoce como derecho de la ciudadanía votar en las elecciones populares. No dice que el voto esté condicionado a contar con un posgrado, aprobar una evaluación o pertenecer a determinado sector social.
También conviene recordar que las mujeres mexicanas obtuvimos el reconocimiento pleno de nuestros derechos políticos hasta 1953, después de una larga lucha contra quienes aseguraban que no teníamos la preparación, la autonomía o el criterio necesarios para participar en las decisiones nacionales.
Los argumentos de ayer se parecen demasiado a los de hoy. Antes decían que las mujeres no estaban preparadas. Ahora dicen que el Pueblo no está suficientemente informado. En ambos casos, el fondo es el mismo: una élite intentando decidir quién tiene derecho a decidir.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló acertadamente que este tipo de planteamientos representarían un retroceso histórico. Porque eso son: ideas autoritarias disfrazadas de preocupación por la democracia.
Resulta además contradictorio que quienes se presentan todos los días como grandes defensores de las instituciones sean los primeros en cuestionar el principio más elemental de cualquier democracia: una persona, un voto.
Cuando el resultado electoral les favorece, hablan de ciudadanía responsable. Cuando el Pueblo elige un proyecto distinto al suyo, comienzan a llamarlo ignorante, manipulado o incapaz. No les molesta la falta de información; les molesta que la mayoría ya no vote por ellos.
La verdadera tarea democrática no es quitarle el voto a quien sabe menos. Es garantizar que todas y todos tengamos acceso a información, educación y condiciones dignas para ejercer nuestros derechos con libertad.
Frente al clasismo de quienes quisieran examinar al Pueblo antes de permitirle participar, debemos defender una convicción básica: el voto no se compra, no se hereda y no se obtiene mediante un examen.
El voto es un derecho, y la educación debe servir para ampliar derechos, nunca para quitarlos.
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