En los últimos días hemos visto algo inquietante. Personas cercanas, vecinas, colegas, gente cotidiana, expresando acuerdo con una intervención armada contra un país soberano como Venezuela. No se trata de una diferencia menor de opinión. Lo que ocurrió fue una acción ilegal, unilateral y violatoria del derecho internacional, ejecutada sin autorización del Senado de Estados Unidos y al margen de cualquier marco legítimo. Eso importa. No porque nos guste o no el gobierno venezolano, sino porque normalizar ese tipo de actos abre una puerta peligrosa para todas las naciones, especialmente para las del sur global. El problema no es con el pueblo norteamericano ni siquiera con todo su gobierno. El problema es con una decisión específica, tomada desde el poder, que rompe reglas básicas de convivencia internacional y pretende presentarse como algo aceptable.
Aquí es donde aparece el verdadero adversario de estos tiempos. La desinformación convertida en infodemia. Una acumulación constante de mensajes simplificados, emocionales y manipulados que empujan a muchas personas a creer que una invasión puede ser una solución, que la fuerza militar puede traer democracia o que la humillación de un país ajeno es un mal necesario. No se trata de personas malas ni crueles. Se trata de personas expuestas de manera sistemática a narrativas que deshumanizan, que trivializan la violencia y que la presentan como justicia rápida o como remedio inevitable. Por eso el debate no debe ser personal. No es contra quien repite esa opinión, sino contra la maquinaria que la produce y la difunde. Convertir la discusión en un pleito solo fortalece la lógica que esa desinformación busca imponer.
Ahora bien, sí es necesario hacer una distinción clara. No todas las opiniones tienen el mismo peso ni la misma responsabilidad. Las personas en general expresan puntos de vista personales. Pero cuando la desinformación es amplificada desde medios de comunicación, desde espacios de opinión con gran alcance o desde representantes y servidores públicos, ahí existe una responsabilidad pública mayor. Quienes ocupan posiciones de influencia no solo opinan, moldean percepciones, legitiman acciones y construyen marcos de interpretación colectiva. Fingir que todas las voces pesan lo mismo es una forma más de ocultar esa responsabilidad.
Conviene también preguntarse quién gana realmente con una intervención de este tipo. Desde luego no son los pueblos. No son las democracias ni la estabilidad regional. Los ganadores suelen ser los de siempre. Grandes empresas energéticas, fondos financieros, la bolsa, un puñado muy reducido de personas cuyas fortunas ya no pueden imaginarse de manera concreta. Miles de millones de dólares que existen solo como abstracción, como cifras que crecen mientras la violencia se normaliza. Ese beneficio concentrado contrasta con los costos sociales que se reparten de forma brutal entre millones de personas que no decidieron nada y que no obtienen nada a cambio.
Pero el daño más profundo no está en los mercados ni en los discursos diplomáticos. Está en las familias que viven en los territorios intervenidos. Una ocupación ilegal jamás ha sido en beneficio de las familias. Es la población civil la que más sufre siempre, en contraste con las oligarquías que concentran los dividendos de la guerra. Familias que se separan, expulsadas de su país, que pierden su hogar, su estabilidad, su red de afectos. Personas que migran no por elección sino por miedo. Niñas y niños que crecen en contextos de ruptura y violencia. Eso es lo que suele quedar fuera de la narrativa belicista, lo que no aparece en los encabezados triunfalistas ni en los análisis fríos. La intervención armada no es una discusión abstracta entre gobiernos, es una experiencia concreta de dolor que atraviesa cuerpos, hogares y comunidades enteras.
Por eso es importante insistir en algo básico en medio de tanto ruido. No estamos frente a una defensa de la democracia ni de la justicia, sino frente a una operación de manipulación que busca normalizar la violencia y borrar sus consecuencias humanas. Señalarlo no implica pelear con quien piensa distinto ni romper lazos personales, implica defender una sensibilidad mínima en tiempos duros. Hay que recordar que el conflicto no es entre personas, sino entre la verdad y la mentira. Que no todo lo que se presenta como inevitable lo es. Y que en un mundo saturado de información, elegir no ser mezquinos frente al dolor ajeno sigue siendo una decisión profundamente política.
