Hemos sido testigos de un nuevo episodio de manipulación mediática, una práctica que lamentablemente sigue caracterizando a ciertos sectores que, incapaces de sostener un debate jurídico serio, recurren a la mentira deliberada para atacar a quienes defienden una visión progresista y profundamente comprometida con el interés público. Esta vez, la desinformación se dirige contra la Ministra del Pueblo, Lenia Batres, una jurista íntegra que ha dedicado su vida a la defensa del acceso a la justicia y a la democratización del Poder Judicial.
Algunos medios han difundido la versión distorsionada de que el proyecto que ella presentó ante la Suprema Corte pretende “autorizar bloqueos masivos de cuentas sin control judicial”. Esa afirmación, repetida con ligereza por opinadores que ni siquiera se han tomado el tiempo de leer el documento, es falsa, engañosa y construida con un fin estrictamente político: generar miedo, fabricar un escándalo y alimentar la narrativa de que cualquier iniciativa proveniente de una visión transformadora es sinónimo de autoritarismo. Nada más alejado de la realidad.
Primero: El proyecto NO es una decisión final ni una imposición
Quienes intentan sembrar pánico deliberadamente omiten lo más básico: se trata de un proyecto para discusión, no de una resolución vigente ni mucho menos de una orden ejecutiva. Presentar argumentos jurídicos ante el Pleno de la Suprema Corte es exactamente la función de una ministra. Querer criminalizar la simple presentación de un análisis jurídico demuestra la mala fe con la que se conduce cierta prensa.
Pretender que este trabajo ordinario del Poder Judicial equivale a una “señal de alarma” solo revela una intención: manipular.
Segundo: El tema tiene más de una década de discusión, no nació ayer
La interpretación de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no es nueva; de hecho, ha sido un debate jurídico de más de diez años, con jurisprudencias incluso contradictorias. Lo que hace la ministra Lenia no es inventar una política, sino plantear una lectura jurídica alternativa, como corresponde en un tribunal constitucional.
Los medios que recortan el tema a frases alarmistas “terror financiero”, “bloqueos sin control”, “golpe a las libertades” están mintiendo a sabiendas. No es desconocimiento, es desinformación calculada.
Tercero: No existe ninguna pérdida automática de derechos
La derecha mediática sugiere que el proyecto equivale a dejar indefensa a la ciudadanía. Una afirmación así no solo es falsa, es irresponsable.
Aunque eventualmente se aprobara un cambio en la interpretación de las facultades de la UIF, seguirá sujeto a la Constitución, a controles judiciales y a mecanismos de defensa, como ocurre con cualquier acto de autoridad en nuestro orden constitucional. Presentarlo como una amenaza inmediata a los derechos de todas y todos solo busca generar histeria colectiva.
El objetivo real es político, desprestigiar la postura crítica que sostiene la ministra Lenia respecto al funcionamiento del propio Poder Judicial y al uso faccioso que históricamente han hecho ciertos grupos económicos del sistema jurídico para blindar sus intereses.
Cuarto: Atacan a la persona porque les incomoda su visión de justicia
Los ataques no se dirigen al proyecto, sino a la figura. Quienes hoy intentan instalar la idea de que la ministra actúa bajo “intenciones oscuras” son los mismos que se beneficiaron durante años del viejo régimen judicial, donde las decisiones nunca se transparentaban y donde los intereses privados se imponían sobre el interés público.
La trayectoria de Lenia Batres habla por sí sola, siempre ha defendido el acceso a la justicia, el control democrático del poder y la protección de los sectores más vulnerables. Esa visión choca con los privilegios que muchos buscan mantener intactos, y por ello hoy fabrican un escándalo en su contra.
Lo que sí existe: un proyecto técnico. Lo que NO existe: una amenaza
No hay una política automática, no hay un riesgo inmediato a los derechos ciudadanos, no hay un autoritarismo disfrazado. Hay un documento jurídico para ser discutido institucionalmente, como cualquier otro que presentan las ministras y ministros de la Corte.
Lo que sí hay es una estrategia mediática para generar miedo, desgastar a las voces progresistas y frenar cualquier intento de transformación dentro del Poder Judicial.
Por eso, debemos decirlo con claridad
Es indispensable leer, analizar y debatir con seriedad, no quedarse con titulares diseñados para sembrar desconfianza. El país merece un debate jurídico honesto, no una caricatura construida por quienes extrañan los tiempos donde las decisiones se tomaban a puerta cerrada y a espaldas del pueblo.
