La política internacional actual nos deja ver que la crisis es el sistema y la narrativa que lo justifica. Cada conflicto, cada amenaza comercial y cada advertencia diplomática de Estados Unidos confirma lo que el Sur global ha sabido desde hace décadas: el imperialismo reconfigura sus instrumentos de dominación. Ya no necesita ocupar territorios, bombardearlos ni ocuparlos ilegalmente, ahora también lo hace con sanciones, aranceles, bloqueos financieros y chantajes económicos.
Estados Unidos no actúa como un país más dentro de la comunidad internacional, sino como un poder que se asume con derecho natural a castigar, disciplinar y decidir sobre el destino de otros pueblos. La incongruencia no es un error de cálculo: es el núcleo de su política exterior. Defiende la libertad mientras la somete a los pueblos, invoca la soberanía mientras termina con la vida de los ciudadanos y predica la democracia mientras la condiciona.
Japón es uno de los ejemplos más brutales de esta lógica. No fue solo una derrota militar en la Segunda Guerra Mundial: fue una demostración obscena de poder absoluto. Hiroshima y Nagasaki no fueron actos defensivos, sino mensajes políticos lanzados sobre población civil. Estados Unidos no solo ganó la guerra; inauguró la era nuclear dejando claro que estaba dispuesto a exterminar ciudades enteras para consolidar su hegemonía. Nunca hubo disculpa, nunca hubo justicia. Solo silencio y normalización de la invasión.
Irak representa otra cara del mismo imperio. En 2003, Estados Unidos invadió un país soberano bajo el pretexto de armas de destrucción masiva que nunca existieron. Mintieron, fabricaron pruebas, manipularon organismos internacionales y destruyeron un Estado entero. El resultado fue un millón de muertos, infraestructura arrasada y una región sumida en el caos permanente. Nadie pagó por esa guerra ilegal. El imperio bombardea y luego pasa la página.
Pero la violencia imperial no siempre cae en forma de misiles. También se ejerce desde las aduanas, los tratados comerciales y las amenazas arancelarias. México lo sabe bien. Cada vez que Washington agita la posibilidad de imponer aranceles, no lo hace para ordenar el comercio, sino para forzar decisiones políticas internas: migración, seguridad, energía. No es cooperación, es extorsión que se disfraza de diplomacia y proteccionismo económico.
Las recientes amenazas contra Colombia siguen el mismo patrón. Cuando un país del Sur intenta diversificar sus relaciones, fortalecer su soberanía o tomar distancia de la obediencia automática, el castigo no tarda en llegar. Estados Unidos no tolera autonomías reales. Tolera aliados sumisos. Todo lo demás es tratado como desviación que debe corregirse.
Este es el verdadero rostro del orden global: un sistema donde algunos países pueden invadir, sancionar y amenazar sin consecuencias, mientras otros son vigilados, condicionados y castigados por ejercer derechos elementales. La legalidad internacional funciona como herramienta selectiva, nunca como principio universal. No hay reglas para el imperio; hay reglas para los demás.
La narrativa dominante insiste en que Estados Unidos garantiza la estabilidad mundial. La realidad demuestra lo contrario. Donde interviene, deja guerra. Donde sanciona, produce hambre. Donde amenaza, genera inestabilidad. El desorden global no es una anomalía: es el producto directo de un modelo que necesita el conflicto para sostener su supremacía económica y militar.
Frente a esto, decir que el mundo no es colonia del imperio no es una consigna vacía: es una posición política urgente. Los pueblos no existen para servir a los intereses de Washington. Las economías no están diseñadas para obedecer amenazas arancelarias. La soberanía no es negociable ni condicionable.
El siglo XXI no puede seguir funcionando bajo la lógica del castigo imperial. Ni América Latina, ni Medio Oriente, ni Asia están obligados a aceptar que sus decisiones sean supervisadas desde el norte. La multipolaridad no es un riesgo: es una necesidad histórica.
Nombrar al imperialismo no es extremismo. Extremismo es normalizar que un solo país decida quién gobierna, quién comercia y quién vive o muere. Y frente a eso, hay que decirlo con claridad política y sin miedo: el mundo no es colonia de nadie.
Venezuela no necesita tutelajes. Merece un gobierno digno, a la altura de su pueblo y de su historia, construido desde su soberanía y no desde el castigo externo. Ningún proceso político se fortalece bajo asedio, y ningún pueblo puede decidir libremente cuando se le coloca el yugo imperial en la cabeza. La autodeterminación no es una concesión del imperio: es un derecho. Y defenderla, hoy más que nunca, es una posición política ineludible y en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo está haciendo muy bien.
