En Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje inequívoco al gobierno de los Estados Unidos: México ha reducido en alrededor de 50 % el paso de fentanilo hacia su territorio, una cifra que no es retórica sino resultado de una estrategia integral. Pero también recordó una verdad incómoda para Washington: mientras no se atiendan las causas del consumo, mientras millones de jóvenes y adultos sigan atrapados en la drogadicción y el mercado ilegal siga siendo rentable dentro de su propio país, ninguna muralla ni operación exterior resolverá el problema. En paralelo, México vive una disminución superior al 40 % en homicidios dolosos, fruto de la política de seguridad encabezada por Omar García Harfuch, un resultado que no se había visto en tres décadas y que desmonta la narrativa de un Estado fallido.
La historia de la relación bilateral explica por qué estas palabras pesan. México es uno de los países del mundo más intervenidos por los Estados Unidos. Conforme a la documentación histórica, al menos en cuatro grandes episodios tropas y fuerzas estadounidenses han ingresado a nuestro territorio: la guerra de 1846-1848, que culminó con la pérdida de más de la mitad del país; la ocupación de Veracruz en 1914, cuando marines tomaron el puerto para influir en la Revolución; la expedición punitiva de 1916-1917, cuando el ejército norteamericano cruzó Chihuahua en persecución de Pancho Villa; y múltiples incursiones, bloqueos y presiones militares en el siglo XX bajo el pretexto de proteger intereses estratégicos. A estos episodios se suman intervenciones políticas, económicas y de inteligencia que han marcado nuestra vida pública. No es una obsesión nacionalista: es una constatación documentada.
Por ello México rechaza cualquier forma de injerencia, abierta o velada, en asuntos que sólo competen a la nación. Seguridad, política y economía son esferas de soberanía indelegable. La pretensión de tutelaje —disfrazada de cooperación— es incompatible con el derecho internacional y con una relación entre iguales.
Nuestra tradición pacífica ha hecho del país un refugio histórico para exiliados, perseguidos y pueblos en conflicto. Aquí encontraron abrigo republicanos españoles, sudamericanos perseguidos por dictaduras y comunidades enteras huyendo de la guerra. Atacar a México o violentar su autonomía sería no sólo una violación jurídica, sino una afrenta ética al mundo.
Del lado estadounidense, la pulsión expansionista y la lógica de fuerza están siendo cuestionadas por su propia sociedad. En estos días se multiplican protestas masivas en Nueva York, Washington, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Seattle, Boston, Atlanta y Houston, entre otras ciudades, donde miles y luego millones de personas marchan contra las políticas exteriores, contra el uso indiscriminado de la fuerza, contra la guerra y contra el desprecio al orden internacional. Universidades, sindicatos, comunidades religiosas, artistas y movimientos civiles han tomado las calles para exigir respeto a los derechos humanos y un giro en la política de su gobierno.
Frente a ese escenario, resulta preocupante que una parte de la oposición mexicana, encabezada por figuras como Lilly Téllez y Federico Döring, se regocije con mensajes y amagos de intervención contra su propio país. Esa actitud, más cercana al aplauso del extranjero que a la defensa de la patria, revela una desconexión profunda con la historia y con el sentir de la nación.
Lo que está en juego no es una coyuntura, sino el legado que se deja a las nuevas generaciones. Normalizar el atropello, el desprecio por el derecho internacional y la idea de que los poderosos pueden decidir sobre los débiles es una mala escuela. Los avances construidos después de la Segunda Guerra Mundial —con raíces en Europa occidental y oriental— siguen siendo el dique moral y jurídico que, tarde o temprano, contendrá las derivas del presente, respaldado por autoridades académicas, artísticas y sociales con verdadera influencia en la conciencia global.
América Latina debe alzar la voz y construir un frente ético y político contra cualquier forma de autoritarismo. La memoria de las intervenciones, de los huérfanos, de las viudas y de las comunidades devastadas obliga a no repetir la historia. No normalicemos tragedias como Gaza ni las guerras que se quieren incubar en nuestra región. Defender el derecho internacional es defender los derechos humanos.
México, con todas sus contradicciones, es un pueblo entregado a su identidad, a sus raíces y a su dignidad. Es una nación culta, valiente y firme en sus convicciones. Cualquier agresión a su territorio o a su soberanía no pasará de noche: el mundo entero observa. Y cuando México se defiende, también se defiende una idea de humanidad basada en el respeto entre los pueblos.
