Los opositores panistas, priistas y quienes hoy intentan reciclarse bajo el membrete de partidos “nuevos”, acompañados por sus voceros en medios de comunicación tradicionales, electrónicos y de redes sociales, se han convertido en los auténticos desahuciados de la política nacional. No es una consigna ni un arrebato retórico: es el resultado de un proceso prolongado de pérdida de legitimidad, de divorcio con la realidad social y de una narrativa que ya no persuade ni convoca. Su discurso subsiste a base de estridencia, sospecha y ficción, no de argumentos ni de propuestas.
El símbolo más acabado de ese naufragio es Genaro García Luna, condenado a 38 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos. Su caso sintetiza uno de los periodos más oscuros del poder en México: un narcopolítico que utilizó las instituciones para proteger intereses criminales, causando un daño profundo al país y contribuyendo a la expansión de redes que envenenaron a miles de jóvenes del otro lado de la frontera. No fue un desvío aislado, sino la expresión de un régimen de complicidades. Los opinadores que hoy fingen distancia crítica arrastran un historial documentado de reuniones públicas y privadas con el gobierno cómplice de Felipe Calderón, espacios donde se construyeron silencios, se negociaron coberturas y se amasaron fortunas hoy cuestionadas por autoridades de ambos países.
En derecho, el desahucio implica la terminación de una relación jurídica que ha dejado de ser sostenible; en medicina, significa que no existe posibilidad razonable de recuperación. Ambas acepciones describen con precisión el estado de esa oposición y de sus aparatos mediáticos. Han sido desahuciados por el voto, por la evidencia histórica y por el juicio social. Viven en el descrédito, cobran por mentir y difamar, y confunden la crítica democrática con la fabricación sistemática de falsedades.
De ahí la pertinencia —y la urgencia— de exhibir masivamente a los cuasi periodistas, columnistas y medios que han hecho de la retórica de ficción una estrategia para “curarse en salud”. Alegan independencia mientras repiten guiones; invocan libertad de expresión para encubrir intereses; se presentan como fiscalizadores cuando, en realidad, han sido cómplices y beneficiarios de los delincuentes que más daño han causado al país. Exponer no es censurar: es transparentar trayectorias, conflictos de interés, financiamientos opacos y vínculos políticos. La democracia no se protege con silencios complacientes, sino con memoria pública.
En contraste, la administración de la doctora Claudia Sheinbaum ha mostrado orden, capacidad técnica y una conducción responsable del Estado. Frente a los embates de una prensa desacreditada y de intereses que no aceptan haber perdido privilegios, su gobierno ha respondido con resultados verificables, políticas públicas consistentes y una visión de largo plazo. La buena administración se acredita con hechos, no con adjetivos; con estabilidad, no con ruido. Esa solvencia es, precisamente, lo que irrita a los desahuciados.
Por ello, esta columna propone una misión cívica: invitar al lector a señalar, con argumentos y evidencia pública, a 20 periodistas, políticos de oposición y medios de comunicación —tradicionales, electrónicos o de redes— que deban ser expuestos por carecer de ética, legitimidad, moral y rigor periodístico. No se trata de linchamiento ni de ocurrencias, sino de construir una lista de la vergüenza nacional basada en hechos: mentiras comprobables, conflictos de interés, campañas de desinformación, beneficios indebidos y connivencias con el poder corrupto del pasado. Nombrar para no repetir.
México necesita medios probos, críticos y profesionales; necesita una oposición digna, inteligente y con propuestas reales. La exhibición responsable es un acto de higiene democrática. Los desahuciados pueden persistir en la ficción; la sociedad tiene derecho a la verdad y a un debate público a la altura del país que ya decidió avanzar a pesar de ellos.
