Por: Imelda Castro Castro
Hay momentos en que la política exterior se vuelve una prueba moral. La operación militar de Estados Unidos en Venezuela, con ataques en Caracas y la captura de Nicolás Maduro, reportados por diversos medios, no puede normalizarse como si fuera un “procedimiento” más o algo de nuestros tiempos. Normalizarla sería renunciar a reglas básicas de convivencia internacional que existen para que la fuerza no sustituya al derecho y a la convivencia armónica.
El principio de no intervención no es un eslogan: es arquitectura jurídica. La Carta de las Naciones Unidas obliga a los Estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado (art. 2.4) y prohíbe la injerencia en asuntos esencialmente internos (art. 2.7). En el sistema interamericano, la Carta de la OEA consagra que ningún Estado tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos de otro. Y México lo elevó a brújula constitucional: el artículo 89, fracción X, manda conducir la política exterior por principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.
Esa tradición tiene nombre propio en nuestra historia diplomática: la Doctrina Estrada, que rechaza que un país “califique” la legitimidad de gobiernos ajenos mediante reconocimientos condicionados. No es indiferencia ante abusos; es un recordatorio de que la soberanía no se administra desde fuera. Y es, sobre todo, una vacuna contra el precedente: si hoy se acepta una captura extraterritorial como “atajo”, mañana cualquiera podría intentarlo con cualquier pretexto.
Por eso, la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara. En días recientes reiteró que México “no puede estar de acuerdo nunca” con una intervención de Estados Unidos en Venezuela, y subrayó que la intervención “no trae democracia” a los pueblos. Esa línea —cooperación sí, subordinación no— no es retórica: es la defensa mínima del principio que garantiza que mañana ningún país “más fuerte” decida quién gobierna México.
La condena tampoco ha sido aislada. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó los bombardeos y la captura como una línea “inaceptable”, y el presidente Gabriel Boric expresó preocupación y condena, llamando a una salida pacífica. A ello se sumó un comunicado conjunto de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay: el rechazó las “acciones militares emprendidas unilateralmente”, y la petición e encauzar la crisis por vías pacíficas mediante diálogo y negociación, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional; además, se reafirmó a América Latina y el Caribe como “zona de paz” y se llamó a desescalar tensiones con apoyo de Naciones Unidas.
También desde Roma llegó un recordatorio incómodo para quienes creen que los fines justifican los medios: el Papa León XIV dijo seguir “con gran preocupación” la situación y pidió que prevalezca el bien del pueblo venezolano, garantizando soberanía, Estado de derecho y derechos humanos.
Quienes defienden la intervención suelen prometer “transiciones rápidas” y “democracia importada”. La historia latinoamericana, sin embargo, es una lista de advertencias. Guatemala en 1954 desembocó en décadas de violencia y autoritarismo. Chile en 1973 abrió paso a una dictadura larga y sangrienta. Nicaragua en los ochenta pagó con una guerra por delegación que desgarró su tejido social. La República Dominicana en 1965 y Panamá en 1989 recordaron que la ocupación extranjera, aun vestida de “orden”, deja instituciones frágiles y resentimiento duradero.
Además de ineficaces, estas intervenciones han sido injustas porque convierten a poblaciones enteras en daños colaterales de agendas ajenas. Se invoca la democracia mientras se suspenden, en la práctica, los principios que la sostienen: legalidad, debido proceso, responsabilidad internacional y control democrático del uso de la fuerza. La “excepción” se vuelve método, y el método se vuelve costumbre. Y cuando la costumbre se instala, la región entera vive bajo amenaza.
Nada de esto implica cerrar los ojos ante la crisis venezolana. Pero la salida no puede ser una incursión presentada como “operación policial” ni el castigo colectivo mediante bloqueos que asfixian a los más pobres. Si el objetivo es proteger derechos, el camino coherente es el multilateralismo: investigación internacional independiente, mediación con garantías, acompañamiento regional, cronogramas verificables y ayuda humanitaria sin banderas.
México no debe titubear. La no intervención no es neutralidad cómoda; es una apuesta por reglas que protegen a los débiles frente a los fuertes. Defenderla hoy en Venezuela es defenderla mañana en cualquier rincón de América Latina. En un continente marcado por cicatrices, la dignidad no se negocia: se sostiene, precisamente, cuando la tentación de la fuerza parece “solución”.
@imeldacastromx
Senadora de la República por Sinaloa desde el 2018. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Sinaloa con Maestría en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Diputada local en el Congreso de Sinaloa en dos ocasiones y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado en las legislaturas LXV y LXVI. Presidió la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
