Recientemente, la asociación civil GIRE publicó un artículo en Animal Político titulado “Acceso a la reproducción asistida sin discriminación”, en la cual relata las quejas, amparos y litigios que han interpuesto ante casos de discriminación a mujeres que buscaban acceder al Programa Integral de Reproducción en instituciones públicas de salud. Entre los tratamientos se encuentran, según explican en dicho artículo, la inseminación artificial y la fertilización in vitro, pero no técnicas como la donación de ovocitos, de espermatozoides o la llamada “gestación subrogada”.
El artículo de GIRE narra el acompañamiento que la organización ha otorgado a mujeres y sus quejas ante CONAPRED, así como resoluciones recientes de la SCJN. A primera vista, la denuncia del artículo es válida y justa, pues señala situaciones que pudieran considerarse discriminación, como negar el acceso al Programa por peso, edad, orientación sexual o estado civil. Sin embargo, el objetivo implícito del artículo es más bien considerar de forma ilegítima a la llamada “gestación subrogada” entre los tratamientos que debería brindar el ISSSTE, cuando se trata una técnica que no se ha reglamentado en la mayor parte de las entidades federativas de nuestro país.
Esta técnica, a la que llamamos alquiler de vientres para mayor claridad, tiene implicaciones éticas que se discuten actualmente en todo el mundo. Se trata de un procedimiento donde una mujer se embaraza y lleva a fin el proceso de gestación y parto, perdiendo su derecho de filiación para darle el bebé que nace de su vientre a terceros. GIRE ha sido una de las organizaciones más insistentes en nuestro país para que el inminente proceso legislativo en esta materia se oriente a permitir este procedimiento de forma altruista, es decir, sin remuneración a las mujeres que “presten” su vientre.
Aunque esta podría parecer una opción pertinente porque supuestamente no implica un negocio con los úteros de las mujeres, es necesario insistir en que todos los modelos de permisividad de la subrogación (que pueden o no remunerar a la mujer que se embaraza), implican un jugoso negocio transnacional. En el caso del “altruismo” al que apela GIRE y demás organizaciones neoliberales en todo el mundo, la remuneración no ocurriría a la mujer que gesta y pare, pero sí a empresas internacionales de abogados, laboratorios y hasta agencias de viajes ligadas a este negocio.
En todos los casos las mujeres que entran por necesidad o compasión a estas empresas viven condiciones que limitan su libertad de movilidad, decisión y el derecho de filiación al firmar un contrato. Como se ha documentado bien en países donde los gobiernos permiten el alquiler de vientres, es una nueva esclavitud para las mujeres que, en casos muy extremos, incluso son confinadas en estancias y vigiladas las 24 horas del día. Como se ha visto, los vientres de alquiler siempre implican negocio y las mujeres siempre pierden derechos, ya sea que se les remunere o no.
GIRE ha intentado suavizar las implicaciones éticas del alquiler de vientres bajo el argumento neoliberal de que cada mujer debe poder decidir si se somete a uno de estos procedimientos. Lo que no dicen las feministas neoliberales que apoyan esta idea es que, en los hechos, aunque se norme bajo el modelo “altruista”, si los gobiernos permiten el alquiler de vientres se abre la puerta a resquicios de explotación de la capacidad de gestar de las mujeres.
Por eso las feministas antineoliberales nos manifestamos porque el Estado mexicano prohíba cualquier modelo de subrogación, y no permita a las empresas transnacionales explotar a las mujeres de nuestros territorios. En el día de las madres, insistamos en que parir no debe considerarse un negocio, sino una decisión informada y libre de la mujer que toma esa crucial decisión de vida. Además, el embarazo y parto no debe desvincularse del derecho de filiación que todas las mujeres debemos tener garantizado. Apoyamos, por lo tanto, la propuesta del senador de Morena, José Narro Céspedes, para prohibir el alquiler de vientres en nuestro país.
