La renovación de la Fiscalía General de la República ocurre en un punto decisivo para el Estado mexicano. No basta con elegir a una nueva persona titular: es indispensable mirar hacia atrás y reconocer la compleja trayectoria de la antigua Procuraduría General de la República, institución que durante más de un siglo encarnó los claroscuros del poder, la justicia y la política mexicana. Su historia inicia formalmente en 1900 con el nombramiento de Antonio Fernández como primer Procurador General, figura que, bajo la Constitución de 1917, quedó subordinada al Ejecutivo, marcando décadas de investigaciones condicionadas por intereses políticos y una estructura operativa insuficiente.
En ese largo periodo, algunos procuradores destacaron por intentos de modernización —Pedro Ojeda Paullada, Jorge Carpizo—, mientras otros quedaron ligados a episodios que hoy forman parte del archivo negro de la procuración de justicia. La PGR fue escenario de los casos más polémicos del país, muchos de ellos decisivos para entender por qué la transición hacia la Fiscalía General exigía romper con viejas inercias.
La lista de expedientes emblemáticos es extensa. El Halconazo de 1971 marcó la incapacidad del Estado para investigarse a sí mismo. Durante la guerra sucia, las denuncias por desaparición forzada nunca encontraron un cauce real. En 1984, el asesinato del periodista Manuel Buendía reveló redes de espionaje y corrupción estatal que sólo parcialmente fueron procesadas. La PGR también enfrentó tragedias como la explosión de San Juan Ixhuatepec, sin peritajes concluyentes, y casos de impacto geopolítico como el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, que exhibió corrupción interna y presiones externas sin precedentes.
Los expedientes del narcotráfico mostraron igualmente la fragilidad del sistema. Desde Operación Cóndor, pasando por los montajes judiciales de los años ochenta, hasta el caso de los narcosatánicos de Matamoros, la institución evidenció rezagos científicos, contaminación mediática y fallas procesales. La detención del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, en 1989, se convirtió en un símbolo del uso político de la procuraduría. Al año siguiente, las investigaciones del levantamiento zapatista confirmaron que la PGR no tenía capacidad jurídica para procesar conflictos de raíz social.
La década de los noventa condensó los mayores escándalos. El asesinato de Luis Donaldo Colosio dejó al descubierto un aparato pericial débil, versiones contradictorias y una evidente incapacidad para ofrecer verdad jurídica. Y en el caso de José Francisco Ruiz Massieu, la institución protagonizó uno de los episodios más vergonzosos: el montaje con la vidente conocida como La Paca, utilizada para “descubrir” pruebas sembradas en una fosa falsa. Todo ello ocurría mientras masacres como Aguas Blancas y Acteal exhibían la incapacidad de la PGR para investigar violaciones graves a derechos humanos y responsabilidades de autoridades estatales.
Más recientes fueron los casos que mostraron el agotamiento del modelo inquisitivo: el montaje del caso Florence Cassez, la incapacidad para sostener jurídicamente los llamados “maxiprocesos” contra cárteles, los operativos fallidos en la guerra contra el narcotráfico y la respuesta deficiente frente a crímenes emblemáticos como el asesinato de Marisela Escobedo.
Con este historial, la transición de PGR a Fiscalía General de la República, resultado de la reforma constitucional de 2014 y concretada en 2018, buscó crear un órgano autónomo capaz de romper de raíz con la tradición de simulación y errores. Sin embargo, la autonomía formal no erradicó por completo los rezagos estructurales. Persisten prácticas anacrónicas, brechas tecnológicas y una cultura institucional que avanza más lento que los desafíos criminales. Ricardo Peralta: El presente impone nuevos retos: delitos federales que operan globalmente —lavado de dinero, tráfico de armas, ciberdelitos, trata de personas, delitos ambientales y redes criminales transnacionales— exigen una fiscalía moderna, con inteligencia financiera, cooperación internacional y capacidades periciales avanzadas. México está obligado por tratados como la Convención de Palermo, la Convención de la ONU contra la Corrupción, acuerdos de extradición y asistencia jurídica, y los estándares del GAFI, que requieren investigaciones serias y coordinadas.
La reforma judicial en curso refuerza esta necesidad. No habrá jueces fuertes sin carpetas sólidas; no habrá eficacia penal sin peritajes científicos; no habrá legitimidad si la FGR no se coordina con las fiscalías estatales y autoridades internacionales. El crimen organizado es global; la respuesta del Estado también debe serlo.
Con un pasado lleno de claroscuros, un presente que exige modernización urgente y un futuro que dependerá de su capacidad para romper definitivamente con sus peores vicios, la FGR está ante una decisión de Estado. Su transformación no puede esperar más. La justicia en México tampoco.
