Pacificar a México no es una aspiración ingenua, ni una simple promesa de campaña: es el reto más profundo de nuestra contemporaneidad —una empresa jurídica, política y moral que exige desmontar las estructuras que permitieron durante décadas al crimen organizado tejer redes con el poder público. La violencia no surgió del vacío: creció en los márgenes del poder, fue aceptada como moneda de cambio y se consolidó mediante la impunidad. Construir paz exige memoria, legalidad y transformación institucional.
En los años setenta, cuando el cultivo de marihuana y amapola comenzó a orientarse hacia el mercado estadounidense, apareció el primer entramado criminal con cobertura institucional. En ese periodo emergió el nombre de Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez, mencionado por sus nexos con el Cártel de Guadalajara, la primera organización criminal con estructura empresarial en México, dedicada al tráfico de marihuana y posteriormente de cocaína. Esa alianza entre productores, policías y funcionarios del Estado fue el prólogo de un modelo que, con el tiempo, se infiltraría en la administración pública y en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Décadas más tarde, el país fue testigo de la consolidación de una política de seguridad que confundió el combate con la complicidad. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, convirtió la llamada “guerra contra el narcotráfico” en una transacción. Hoy cumple 38 años de prisión en Estados Unidos, sentenciado por haber aceptado sobornos del Cártel de Sinaloa para proteger sus operaciones. Aquel episodio no fue una anomalía: fue la prueba de que el Estado había perdido el monopolio legítimo de la fuerza y cedido su soberanía moral a la corrupción institucionalizada.
El tráfico de marihuana evolucionó hacia la cocaína, la heroína y finalmente las drogas sintéticas —metanfetaminas y fentanilo—, transformando a México en centro de producción, tránsito y exportación global. En Colombia, figuras como Pablo Escobar representaron el paradigma del narco-Estado: sicariato, terror urbano y corrupción en cadena. México heredó ese modelo y lo amplificó con una frontera extensa, instituciones vulnerables y gobernantes cómplices o impotentes. Hoy el crimen organizado es un actor económico, político y territorial que desafía al Estado desde múltiples frentes.
A la par del fenómeno interno, la estrategia de pacificación requiere una dimensión internacional. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, México ha reforzado su colaboración bilateral y multilateral:
- La reducción del promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y abril de 2025 alcanzó una caída de 32.9 %, al pasar de 86.9 a 58.3 víctimas diarias, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
- Del 1 de octubre de 2024 al 20 de abril de 2025 se detuvieron 18 712 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 9 600 armas de fuego, 144 toneladas de drogas —incluyendo metanfetaminas y fentanilo—, y se desmantelaron 839 laboratorios clandestinos.
- En el ámbito internacional, la cooperación con Estados Unidos, la Unión Europea y organismos multilaterales ha permitido avanzar en el intercambio de inteligencia, el rastreo financiero y la protección de fronteras, garantizando siempre el respeto a la soberanía y los derechos humanos.
Estas acciones no son concesiones del azar, sino el fruto de una política de Estado que privilegia la coordinación y la profesionalización sobre la retórica bélica. México mantiene acuerdos estratégicos dentro de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y participa activamente en foros de cooperación con la ONU, la OEA y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde impulsa un enfoque de seguridad humana y justicia restaurativa.
Sin embargo, la pacificación no se logrará únicamente con estadísticas o decomisos. Es indispensable fomentar una cultura de paz mediante políticas de largo aliento: educación cívica, fortalecimiento comunitario, justicia transicional y reparación integral. Experiencias internacionales —como Sudáfrica tras el apartheid, Colombia después del conflicto armado o los Balcanes en su proceso de reconciliación— han demostrado que la paz duradera requiere verdad, justicia, memoria y perdón institucional. México, con su diversidad cultural y su vocación solidaria, puede construir un modelo propio de reconciliación y reintegración social que dignifique a las víctimas y regenere la confianza ciudadana.
La tragedia reciente reafirma que estamos ante un proceso todavía abierto. El cobarde asesinato del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, de Uruapan, Michoacán, sacudió al país entero como una herida que no cicatriza sola. Su muerte simboliza la herencia sangrante que debemos enfrentar, no para repetir culpas, sino para asumir responsabilidades colectivas. La memoria de cada víctima es un mandato para reconstruir el tejido social y reivindicar el valor de la vida.
Pacificar a México no será un decreto ni un acto de voluntad política aislado: será una conquista jurídica, social y moral. La oposición y los medios conservadores lucrarán políticamente con la desgracia en vez de reconocer su nefasta aportación a la realidad que hoy vivimos. Pero el amor a México exige superar el odio, el rencor y la manipulación. La paz no se impone: se educa, se construye y se comparte.
Porque solo cuando la justicia sea norma y no excepción, y el poder sirva al Pueblo y no al miedo, podremos afirmar que la paz ha dejado de ser un anhelo y se ha transformado en una realidad conquistada colectivamente, por amor a México.
