En los últimos meses, y ante el ojo público, hemos sido testigos de muchos debates con temas respecto a reformas que cambiarían a fondo instituciones autónomas que a lo largo de los años han sido brazo y extensión de un sistema político lleno de corrupción.

Tras la suspensión avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del ya conocido plan B de la reforma electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hay un Plan C.

En este mismo sentido, hemos observado a la oposición replicar de una manera no muy congruente. Aquellos quienes llamaban a la abstención en ejercicios democráticos como las consultas populares, hoy deciden que están a favor de la participación ciudadana y en contra del abstencionismo.

Se antecedía este hecho, pues aunque gritaban que por favor no se asistiera a las urnas, que no se propagara información sobre mecanismos de participación ciudadana directa, hoy, en el intento de acaparar los medios de comunicación pidiendo el voto de la gente para tratar de evitar lo inevitable, (que Morena gane la presidencia de la república, las gobernaturas de las entidades federativas y la mayoría en el congreso), salen a replicar lo contrario, quieren dar la imagen de participación, de activismo y de ciudadanía organizada, solo cuando les conviene.

Como mencionó el Presidente Andrés Manuel; el plan C ya se aplicó en 2018, cuando el Pueblo gritó “basta” para comenzar una organización transformadora que permitiera avanzar en contra de la corrupción y con un gobierno que sirviera a los sectores que históricamente habían sido desplazados.

El plan C es un cara a cara contra la oposición, misma que se encuentra molesta desde el nombramiento de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE, (o bueno, por lo menos el coraje más reciente).

Ahora vuelven a saltar, porque este plan pone como prioridad la decisión del Pueblo ante el panorama actual y el futuro, ni un voto a los conservadores, nunca más.