Por: Sandra Paola González
En México existen instituciones cuya razón de ser es defender y respaldar a quienes más lo necesitan. Sin embargo, durante años, el país fue conducido por gobiernos que permitieron y, en ocasiones promovieron, que los impuestos del pueblo se utilizaran para beneficiar a una élite política y económica. Hoy, la sociedad exige un cambio real. Existe un hartazgo legítimo frente a un sistema en el que la ciudadanía cumple, mientras algunos empresarios y autoridades corruptas actúan sin consecuencias.
La transformación institucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa surge precisamente de esa exigencia social. Después de décadas en las que el poder público se subordinó a intereses particulares, este Tribunal asume un papel central, garantizar la legalidad de los actos de la administración pública y proteger los derechos de las personas frente al Estado, evitando que la ley sea utilizada como instrumento de simulación, privilegio o encubrimiento.
La obligación de pagar impuestos deriva directamente del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena a todas las personas contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, conforme a la ley. No es opcional ni interpretable, es un deber constitucional. Su incumplimiento, mediante evasión o artimañas legales, afecta de manera directa la justicia fiscal y el interés colectivo.
Actuar conforme a los principios de la transformación institucional implica priorizar el servicio público, la soberanía del pueblo y el interés social. Esto exige una lucha frontal contra la corrupción, una rendición de cuentas efectiva y el fortalecimiento real del Estado de derecho. La legalidad no puede seguir siendo un recurso al servicio de quienes cuentan con los medios para eludirla mediante esquemas artificiales y estrategias simuladas.
Desde la Sala Superior se requieren decisiones firmes que consoliden esta visión. En ese sentido, la designación del magistrado José Ramón Amieva Gálvez como responsable a nivel nacional de los tribunales administrativos representa un paso relevante para fortalecer la conducción institucional y reafirmar el compromiso con una justicia administrativa estricta, técnica y cercana a la ciudadanía.
México atraviesa un proceso de renovación del sistema judicial, actor central en la vida pública del país. En este contexto, no puede existir tolerancia frente a quienes se han enriquecido a costa de los impuestos de las y los mexicanos. Las prácticas de evasión fiscal, sustentadas en artimañas legales y estrategias fiscales simuladas, han generado adeudos que superan los quinientos mil millones de pesos, recursos que debieron destinarse a escuelas, hospitales, pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes, universidades gratuitas, medicamentos, quimioterapias.
Las y los magistrados recientemente propuestos por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y ratificados por el Senado de la Republica tenemos una visión de transformación, una consigna contundente: cero tolerancia a la evasión fiscal encubierta. Con esta renovación al TFJA se establecerán límites precisos y se revisará cada acto con rigor jurídico, para impedir que el ejercicio del poder público y de la actividad económica continúe beneficiando a unos cuantos en perjuicio del pueblo.
La justicia administrativa no puede ser indiferente frente a la desigualdad fiscal. Hacer valer la Constitución es una obligación institucional. Nadie debe enriquecerse a costa del esfuerzo de la ciudadanía. Contribuir al gasto público no es un privilegio, es un deber con México.
@MagistradaPaola
Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala Regional Nuevo León.
