Sin afán de hacer leña del árbol caído, es valioso recordar que en estos días nos enteramos de la noticia que marca un punto de inflexión en la relación entre poder económico, legalidad y Estado de derecho en México.
Ricardo Salinas Pliego, empresario “exitoso” que solía salir invicto de sus batallas contra el SAT —presumiendo sus afinadas estrategias jurídicas para prolongar indefinidamente el pago de impuestos—, ha dado el primer paguito de su adeudo; demás está decir, que parece una cucharada de su propia medicina, al llevar años ensartando a sus consumidores con pagos interminables, que duplican o triplican el costo; ahora sí, le sabrán a miel, las bondades de los “abonos chiquitos”.
Pero, ojo, esta demostración del “deber ser”, no se trata de un acto voluntario ni un gesto iluminado de conciencia fiscal, sino del resultado de un proceso jurídico que finalmente dejó de admitir dilaciones. El dato es relevante no solo por el personaje involucrado, sino por lo que representa.
Durante años, el propio discurso del empresario normalizó la idea que el litigio podía convertirse en una herramienta para posponer obligaciones fiscales sin consecuencias reales. El mensaje implícito era claro: con suficientes recursos económicos y abogacía especializada, el cumplimiento de la ley podía convertirse en algo negociable o, al menos, indefinidamente aplazable. Hoy, ese mensaje se debilita de manera significativa.
Entre otras que integran su lista, Totalplay Telecomunicaciones, empresa del Grupo Salinas, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desistirse de un amparo directo en revisión promovido contra un crédito fiscal superior a 645 millones de pesos. Dicha moción adquiere especial relevancia porque el asunto debía ser resuelto por la nueva integración de la Suprema Corte; sin embargo, antes que existiera un pronunciamiento, la empresa optó por retirarse del juicio constitucional, aceptando en los hechos la firmeza de la obligación fiscal (conforme a la sentencia de 12/12/2025).
La deuda en cuestión no es reciente, fue determinada por el Servicio de Administración Tributaria el 6 de septiembre de 2017 y, desde entonces, fue combatida mediante diversos juicios de amparo. Uno de estos asuntos llegó a la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte, pero finalmente la persona moral se desistió.
En paralelo, el Servicio de Administración Tributaria informó que Grupo Salinas realizó un primer pago superior a los 10 mil millones de pesos, como parte de un monto total que supera los 32 mil millones de pesos. La cifra no es menor y tiene una carga simbólica poderosa. Por primera vez en mucho tiempo, un conglomerado empresarial acostumbrado a litigar hasta el último resquicio legal comenzó a cumplir de manera efectiva con una obligación fiscal largamente postergada.
Este episodio permite sostener que la justicia, aun con retrasos y resistencias, puede alcanzar a quienes concentran riqueza y poder, y ¿qué poder? pues del mediático es “el Príncipe de las Tinieblas”. Además, nos pone a reflexionar que durante años se consolidó la percepción que el sistema era severo con los contribuyentes “de a pie”, pero flexible con los grandes capitales. Cada nuevo amparo otorgado a los prominentes despachos, reforzaba la idea de una desigualdad estructural en la aplicación de la ley.
Exaltando que el famoso litigio estratégico ya no debe ser usado como herramienta de evasión o vil “chicanada”. Ahora, se están enfrentando a un Estado de derecho sólido, que también tiene “dientes” cuando se enfrenta al poder económico.
El impacto no es solo jurídico, sino social. Los recursos que se recauden a partir del formal cumplimiento de sus obligaciones fiscales, podrán ser dirigidos por la presidenta de la República a infraestructura social, programas para el bienestar y becas para jóvenes. Lo que durante años permaneció atrapado en expedientes judiciales ahora puede traducirse en carreteras, escuelas, hospitales y oportunidades reales para millones de personas. La equidad fiscal, en este sentido, no es un concepto abstracto, sino una condición material para la redistribución y el desarrollo.
“La justicia es para todos o no es justicia”. Este caso permite afirmar que ni los ricos ni los poderosos están exentos del deber constitucional de contribuir al gasto público. El principio de igualdad tributaria, tantas veces invocado en el discurso (sobre todo en los dirigentes de izquierda) y tan pocas veces materializado frente a los grandes contribuyentes, encuentra aquí una expresión concreta.
Por supuesto, el escepticismo es legítimo. Un solo cobro no transforma por sí mismo un sistema complejo ni elimina prácticas históricas de litigio abusivo. Sin embargo, los símbolos importan, así que Don Richard “tome chocolate y pague lo que debe”.
