La deuda en México no es solo un asunto contable: es una relación de poder que determina quién paga y quién se beneficia de ella. Mientras la mayoría de las y los trabajadores pagan impuestos de manera inmediata a través de retenciones salariales, algunos grandes empresarios han encontrado mecanismos legales para evadir sus obligaciones y trasladar sus costos al conjunto de la sociedad. El caso de Ricardo Salinas Pliego, con una deuda fiscal en litigio de más de 74 mil millones de pesos, es ejemplo de ello: pretende convertir un problema legal en un pleito político, cuando lo cierto es que, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, las deudas no se politizan, se pagan.
El episodio actual no puede entenderse sin mirar atrás. En la década de los 90, el Estado mexicano absorbió deudas privadas a través del FOBAPROA, convirtiendo la quiebra bancaria en deuda pública. Más de 552 mil millones de pesos pasaron a ser pagados por generaciones enteras de mexicanas y mexicanos. Fue el ejemplo más claro de cómo, bajo el modelo neoliberal, se privatizaron las ganancias y se socializaron las pérdidas.
Lo que ocurrió entonces, fue la expresión de un principio estructural: el empresario rara vez asume sus pérdidas de manera individual. Utiliza al Estado como garante de su acumulación, mientras impone al trabajo el costo de su rescate. Lejos de la narrativa meritocrática que presenta a los empresarios como visionarios que “arriesgan”, la historia demuestra que, cuando las cosas salen mal, es el Pueblo quien termina pagando.
Hoy, este deudor fiscal enfrenta litigios y para distraer a la opinión pública, ha desplegado una campaña mediática para victimizarse: desde entrevistas en cadenas internacionales hasta ataques a la propia presidenta en redes sociales.
La paradoja es evidente. El mismo empresario que construyó su fortuna gracias a préstamos millonarios y favores políticos hora se presenta como adalid de la libertad económica frente a un Estado supuestamente opresor. Pero su riqueza no nació del mérito individual, ni de la innovación tecnológica, sino de un entramado de relaciones con el poder, de complicidad política en el régimen particularmente priista y de condonaciones fiscales que le permitieron consolidarse, como los de la Suprema Corte que llegó a condonarle impuestos que debieron destinarse al bienestar público, al mismo tiempo que se guardaban y retrasaban deliberadamente los archivos de sus procesos legales para evitar que fueran sometidos a votación, utilizando las instituciones como un escudo para mantener intactos sus privilegios económicos. Hoy, cuando se le exige pagar lo que debe, busca transformar la exigencia legal en un debate político.
Una de las estrategias de Salinas Pliego ha sido recurrir sistemáticamente al juicio de amparo para frenar el cobro de impuestos. Y no es un caso aislado. Durante años, el amparo se convirtió en un muro de impunidad que benefició a grandes fortunas, mientras quedaba fuera del alcance de la mayoría de la población.
En este sentido, el amparo nació como un instrumento para proteger los derechos de las y los ciudadanos frente a abusos de la autoridad. Sin embargo, en el marco del modelo neoliberal, terminó siendo capturado por élites económicas que lo utilizaron como escudo frente a cualquier intento de regulación o cobro fiscal. Así se consolidó una justicia de privilegios: rápida y eficaz para los poderosos, lenta e inaccesible para los sectores populares.
El caso de Ricardo Salinas Pliego es un espejo del pasado y una prueba para el presente. Si el país logra que pague lo que debe, no solo se hará justicia fiscal, también se enviará un mensaje claro: la era en que las élites podían blindarse con amparos y rescates a costa del Pueblo debe terminar.
La deuda no es solo un número: es una disputa sobre el tipo de país que queremos construir, donde cada quien pague lo que debe y donde el Estado, en lugar de ser rehén del capital, garantice justicia e igualdad.
La pregunta sigue en pie: ¿quién paga la deuda de los más ricos en México? Hasta ahora, ha sido el Pueblo. Que se ha visto despojado de derechos fundamentales como la salud y la educación por culpa de estos deudores fiscales, quien presume yates y viajes de lujo a costa de una deuda millonaria que no quiere saldar. Pero hoy, con la reforma al amparo y la exigencia presidencial de que los poderosos también cumplan la ley, comienza a abrirse la posibilidad de que esa historia cambie.
