La coyuntura actual se presenta como una oportunidad para hablar de aquello que durante décadas fue intocable. México vive una disputa decisiva entre el interés público y un pequeño grupo de empresas multimillonarias que evitaron pagar lo que les corresponde. La política fiscal dejó de ser un trámite oscuro reservado para contadores y despachos internacionales y se convirtió en un campo de disputa democrática. No es casual que haya empresas transnacionales bajo auditoría por cientos de miles de millones de pesos que el SAT reclama. Tampoco es casual que la banca empiece a perder beneficios heredados del rescate financiero ni que ciertos grupos empresariales mexicanos reaccionen con desesperación ante la idea de pagar impuestos que adeudan desde hace casi veinte años. Estas historias parecen distintas, aunque en realidad forman parte de un mismo fenómeno. El viejo sistema está crujiendo porque el Estado mexicano dejó de pedir permiso para cobrar lo que corresponde.
En el caso de las maquiladoras bajo el programa Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación de México la autoridad fiscal descubrió que durante años se usó un esquema creado para fomentar exportaciones como un mecanismo para evitar el pago de IVA en ventas dentro del país. Lo que debía ser un incentivo para la industria terminó convertido en un hoyo fiscal donde se simulaban exportaciones para vender productos en el mercado nacional sin pagar el impuesto correspondiente. Cuando el SAT revisó con detalle estas operaciones aparecieron diferencias gigantescas y ventas masivas sin acreditación válida. Una de las empresas involucradas enfrenta un reclamo aproximado de trescientos mil millones de pesos. Su respuesta no fue cooperar sino presionar con cabildeo diplomático con advertencias económicas y con la narrativa de que el Estado está poniendo en riesgo la inversión. Cada vez que se toca un privilegio fiscal aparece el mismo reflejo corporativo. La amenaza envuelta en lenguaje técnico.
Lo más revelador es que esta dinámica no es exclusiva de las empresas globales. En nuestro propio territorio existen grupos empresariales que pasaron diecisiete años en tribunales para evitar pagar impuestos firmes y que tras perder en la Suprema Corte convirtieron su resistencia en campaña política presiones mediáticas e intentos de victimización. Alegan persecución cuando en realidad se defienden de algo tan simple como el cumplimiento de la ley. Estos actores son el verdadero enemigo en esta historia. Empresarios multimillonarios y corporaciones que construyeron fortunas bajo la idea de que las obligaciones fiscales son opcionales y que el cumplimiento depende del poder que tengan para litigarlo.
La banca ofrece otra cara del mismo patrón. Después del rescate de mil novecientos noventa y cinco parte de las pérdidas privadas se transformaron en deuda pública. Durante años los bancos disfrutaron de tratamientos fiscales preferentes que redujeron su carga aunque sus utilidades crecieron como pocas industrias en el país. Cuando esas exenciones empezaron a desmontarse la reacción fue predecible. La incomodidad de quienes se acostumbraron a un Estado que socializa pérdidas y privatiza ganancias. Sin embargo el mensaje de hoy es claro. Si el país quiere financiar derechos obras e infraestructura sin aumentar impuestos debe cerrar los huecos que históricamente sirvieron para mantener privilegios de unos cuantos.
Esto contrasta con el comportamiento de quienes sí cumplen. Hace tiempo se volvió viral el testimonio de María Asunción Aramburuzabala considerada una de la más, sino que la mujer más rica de México. Contó que tras la venta de Grupo Modelo le recomendaron ampararse para no pagar una deuda millonaria con el fisco y aún así decidió pagar. Rechazó la ruta del amparo que tantos otros han usado para evadir indefinidamente. Ese ejemplo demuestra que el cumplimiento fiscal es posible cuando se asume responsabilidad social y no solo interés privado. En este mismo entorno ha surgido una nueva generación de empresariado que se presenta dispuesta a construir riqueza compartida. Altagracia Gómez Sierra preside un importante conglomerado industrial y participa en el Consejo Asesor Empresarial del Gobierno federal. Ha afirmado que el desarrollo debe traducirse en prosperidad compartida y que la inversión privada puede acompañar al Estado para que los beneficios sociales no queden al margen. Este contraste es clave porque permite distinguir quién está del lado del país y quién solo ha buscado refugio en el privilegio fiscal mientras la mayoría sí paga.
México vive una lucha de clases fiscal cuyo escenario son los tribunales la Suprema Corte y las oficinas de gobierno de la república. Es la disputa entre un Estado que necesita recaudar para sostener derechos y bienestar y una minoría económica que ha vivido creyéndose demasiado grande para cumplir la ley. El verdadero poder opaco es ese entramado de empresas multimillonarias que han decidido que las obligaciones fiscales no aplican para ellos.
Hoy ese modelo empieza a ser desmantelado. Vendrán presiones amenazas de pérdida de inversión discursos de miedo y cabildeos nacionales e internacionales. Sin embargo lo que está en juego es algo más profundo. Si queremos un país más justo la soberanía fiscal no es un asunto técnico. Es una batalla por el tipo de democracia que queremos construir y por el sentido mismo del Estado mexicano que por primera vez en mucho tiempo está viendo de frente a quienes nunca quisieron pagar.
