Durante años nos acostumbraron a una idea tramposa, que moverse debía ser caro, lento y desgastante. Que pasar horas en el tráfico era “normal”. Que pagar camiones cada vez más costosos era parte de la vida adulta. Que el automóvil era sinónimo de progreso y que quien no lo tenía debía arreglárselas como pudiera. Esa narrativa no fue casual. Fue el resultado de decisiones políticas que convirtieron la movilidad en negocio y no en derecho.
Por eso, la entrada en operación del Tren Interurbano México–Toluca no es solo una obra pública más. Es una corrección histórica.
Hubo un tiempo en que los trenes de pasajeros formaban parte de la vida cotidiana en México. No eran lujo ni turismo, eran transporte público. Conectaban regiones, reducían distancias y hacían posible que millones se movieran sin depender del automóvil. Eso cambió en los años noventa, cuando bajo la lógica neoliberal de que “lo que no es rentable no sirve”, el Estado se retiró de los rieles. Se privatizaron los ferrocarriles, se eliminaron los trenes de pasajeros y se apostó todo a carreteras concesionadas y transporte privado.
El resultado fue brutalmente desigual. Viajar dejó de ser un derecho y se volvió capacidad de pago. Desde entonces, moverse en México se encareció para millones: gasolina, casetas, mantenimiento del coche, boletos de autobús que suben cada año, horas perdidas en congestionamientos interminables. Para quienes viven en zonas conurbadas, como Toluca y el poniente de la Ciudad de México, el traslado diario se convirtió en una forma cotidiana de desgaste físico, emocional y económico. No era libertad de movilidad; era resignación.
En ese contexto, el Tren México–Toluca tiene un peso político enorme. No solo conecta dos polos estratégicos, también rompe con la idea de que el transporte público de calidad es inviable. Lo que hoy está funcionando es la corrección de una decisión tomada hace más de treinta años… y el cierre de una promesa rota durante más de una década.
Porque no puede olvidarse: este tren fue anunciado por el gobierno de Enrique Peña Nieto como emblema de modernidad. Se inició la obra, se comprometieron miles de millones de pesos y, sin embargo, nunca se terminó en su sexenio. Años de retrasos, sobrecostos y tramos inconclusos convirtieron el proyecto en símbolo de simulación. Mientras tanto, la gente siguió pagando el costo real: más tráfico, más gasto, más tiempo perdido.
Que hoy el tren esté en operación no es casualidad. Es consecuencia de una visión distinta del papel del Estado. Una que entiende que la movilidad no puede depender solo del mercado y que la infraestructura pública no se mide únicamente por su rentabilidad financiera, sino por su impacto social.
El beneficio es concreto, reducción de tiempos de traslado, ahorro económico, menor estrés, menor contaminación y mejor calidad de vida para miles de personas que se mueven todos los días entre Toluca y la capital. Para muchas familias, el tren significa llegar antes a casa, gastar menos en transporte y recuperar horas de vida que antes se perdían en el tráfico.
Hay quienes critican estas obras desde el privilegio del automóvil propio o desde la lógica de que todo debe generar ganancias inmediatas. Pero la pregunta clave no es cuánto “produce” el tren, sino cuánto le devuelve a la sociedad. Las ciudades más avanzadas del mundo apostaron por transporte público robusto, no por carreteras infinitas. México no está improvisando: está recuperando lo que nunca debió abandonar.
El Tren México–Toluca también envía un mensaje político claro: el Estado puede planear, concluir y operar infraestructura estratégica cuando hay voluntad. Frente a décadas de abandono y promesas incumplidas, su puesta en marcha devuelve algo más que movilidad: devuelve confianza en lo público.
Regresar los trenes no es nostalgia. Es dignidad. Es reconocer que no todos tienen coche, que no todos pueden pagar transporte privado y que la ciudad no puede seguir diseñada solo para quien puede costearla. Es aceptar que el tiempo de las personas vale.
En un país donde durante años se normalizó que moverse fuera un privilegio, el tren que hoy corre entre Toluca y la Ciudad de México no solo conecta estaciones: conecta una deuda histórica con una posibilidad real de futuro.
