El sábado 22 de noviembre, en Huejutla, Hidalgo, se dio el primer paso de un gran camino que está por iniciar. El Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, el Maestro Benjamín Rubio Chávez, junto con integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ), la Maestra Catalina Ramírez Hernández y el Maestro José Alberto Gallegos Ramírez, así como el Maestro Hugo Aguilar Ortiz presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otras autoridades del Estado, levantaron el banderín de salida de lo que será la implementación de las Casas de Asesoría Jurídica Intercultural, en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas.
Esto toma relevancia en el contexto de México, pues es una nación pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Tan solo en la región, de acuerdo con ONU-Hábitat, la Huasteca de Hidalgo tiene una extensión de 1,421 km² y alberga a 227 mil personas, de las cuales seis de cada diez hablan náhuatl, mientras que el 80% es bilingüe. Esto significa que la Casa de Asesoría Jurídica, por el mero hecho de estar donde se instaló, podría beneficiar a más de doscientas mil personas, siendo la prioridad los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la región Sierra y Huasteca hidalguense.
Históricamente, las principales oficinas de gobierno se habían instalado en las grandes ciudades, capitales o zonas urbanas. Hoy, la lógica de la defensoría es atender y garantizar la defensa y asesoría en territorios que durante décadas fueron marginados. Esto representa un cambio de 180 grados; si bien el Instituto cuenta con delegaciones en todo el país, no necesariamente esto implica que todas las personas tengan acceso real a sus servicios. Impulsar a nivel nacional las Casas de Asesoría abre la posibilidad de que millones de personas indígenas accedan a una representación digna, gratuita e intercultural.
De acuerdo con el INEGI, en 2020 más de 20 millones de mexicanos se identificaron como indígenas. El Nuevo Poder Judicial, resultado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, no solo se enfocó en la designación de jueces, magistrados y ministros, sino también en garantizar el acceso a la justicia, tal como lo mandata nuestra Constitución en su artículo 17.
A ello debe sumarse la reforma publicada el 30 de septiembre de 2024, que en su artículo 2, fracción XI, señala:
“Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
- Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales con respeto a los preceptos de esta Constitución. Las personas indígenas tienen, en todo tiempo, el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística”.
La Casa de Asesoría Intercultural no solo reconoce la necesidad de que las comunidades indígenas tengan acceso efectivo a la justicia: cumple con un mandato constitucional y con una profunda dimensión social que reivindica la defensa de quienes históricamente han carecido de ella.
Según una nota de El País, en 2021 más de 6 mil personas indígenas se encontraban en prisión, muchas de ellas debido a fallas en el procedimiento, pues no tuvieron acceso a un traductor que las acompañara durante el proceso, vulnerando así su derecho a una defensa adecuada. Datos como estos reflejan que miles de personas están pagando una pena sin tener la certeza de haber sido responsables, y evidencian que el Estado ha fallado y continúa fallando.
Por ello, el IFDP inició un nuevo plan de acción con rostro intercultural, con el objetivo de brindar defensa penal a integrantes de comunidades indígenas y también asesoría jurídica intercultural. Históricamente, estas comunidades han buscado el reconocimiento y la plena validez de sus sistemas normativos, así como ser vistas realmente como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto trae consigo beneficios adicionales, como la posibilidad de recibir presupuesto directo y atender de manera legítima las demandas de sus comunidades, lo que permite invertir en necesidades definidas por ellos mismos.
La lucha no es nueva: es de décadas. Pero es ahora cuando esa lucha se visibiliza desde el máximo tribunal del país —o como actualmente se le denomina, la casa de la justicia—. Y para que exista una casa de la justicia, se requiere una casa que defienda: ese es el IFDP.
