El operativo realizado este fin de semana en Tapalpa, Jalisco, vuelve a colocar en el centro del debate nacional un tema que durante años fue rehén del fracaso, simulación y complicidad: la seguridad pública.
Durante mucho tiempo se nos dijo que el crimen organizado era intocable. Que existían territorios vedados para el Estado, y que la violencia era una herencia imposible de revertir, pues vivíamos en un ‘‘Narcoestado’’. Hoy, los hechos demuestran otra cosa, cuando hay estrategia, coordinación y voluntad política, el Estado recupera terreno.
Recapitulando a los resultados presentados a mediados de este mes por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, no son propaganda, son cifras concretas. Más de 43 mil personas detenidas por delitos de alto impacto, más de 22 mil armas aseguradas, más de 327 toneladas de droga incautadas, incluyendo 1,800 kilogramos de fentanilo y millones de pastillas que ya no envenenarán a las y los jóvenes en México ni en el extranjero, más de 2 mil laboratorios clandestinos desmantelados.
Los resultados no son un discurso. Son un genuino desmantelamiento de la infraestructura criminal heredada tras décadas de gobiernos neoliberales.
La actual estrategia en materia de seguridad no se limita a capturas aisladas. Se trata de debilitar financieramente a las organizaciones, cortar sus cadenas de producción, romper sus redes logísticas y retirarles el poder de fuego. Y los números comienzan a reflejarlo, una reducción del 42% en el promedio diario de homicidios dolosos en el periodo reportado.
Mientras algunos siguen instalados en la narrativa del desastre permanente, los datos muestran un avance sostenido. La diferencia es clara, antes se administraba la violencia; hoy se confronta y detiene.
El operativo en Tapalpa, Jalisco no es un hecho aislado, es parte de una política nacional que ha entendido que la seguridad no se construye con declaraciones espectaculares ni con pactos oscuros, sino con inteligencia, coordinación entre fuerzas federales y una decisión firme de no retroceder ante los grupos criminales.
Y es importante decirlo con claridad, la transformación también pasa por la seguridad. No hay justicia social posible si el territorio está capturado por el miedo. No hay bienestar duradero si el crimen conserva impunidad. Por eso los avances en esta materia no son un logro administrativo; son una condición indispensable para consolidar el proyecto de transformación nacional.
Erradicar estructuras criminales que crecieron durante décadas no será inmediato ni sencillo. Pero los resultados demuestran que se está caminando en la dirección correcta. Cada arma decomisada es una bala menos en la calle. Cada laboratorio destruido es una red menos de muerte operando. Cada detención de alto impacto envía un mensaje claro, el Estado mexicano no está replegado.
La seguridad no se promete. Se construye. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, se construye con resultados medibles.
