Por: Oscar Daniel Sánchez Esquenazi
Durante décadas, el desarrollo económico en México fue medido casi exclusivamente en términos de crecimiento agregado. PIB, inversión extranjera, exportaciones, competitividad. Indicadores relevantes, sí, pero insuficientes para explicar una realidad persistente: el crecimiento no se tradujo en bienestar homogéneo ni en cohesión territorial. El resultado fue una geografía económica profundamente desigual, donde algunos territorios concentraron inversión, infraestructura y empleo, mientras otros quedaron atrapados en dinámicas de rezago estructural.
Hablar hoy de justicia territorial implica reconocer que el mercado, por sí solo, no ordena el desarrollo de manera equitativa. La lógica de rentabilidad tiende a concentrar recursos donde ya existen ventajas previas, profundizando asimetrías históricas. En ese sentido, el desarrollo económico no puede entenderse únicamente como una suma de decisiones privadas, sino como un proceso que requiere conducción pública, planeación y una lectura fina del territorio.
La desigualdad territorial no es un fenómeno accidental. Es el resultado de décadas de políticas públicas que privilegiaron la eficiencia macroeconómica por encima del equilibrio regional. Infraestructura concentrada, cadenas productivas incompletas, ciudades desconectadas de su entorno rural, regiones enteras relegadas a economías de subsistencia o informalidad. Bajo este esquema, el crecimiento existió, pero fue selectivo.
Frente a este diagnóstico, la noción de desarrollo con justicia territorial adquiere centralidad. No se trata de repartir recursos de manera homogénea ni de sustituir al mercado, sino de corregir fallas estructurales que impiden que amplias regiones participen de manera efectiva en la economía nacional. La intervención del Estado no es ideológica, es funcional: ordenar, coordinar e inducir procesos productivos donde el mercado no llega o no tiene incentivos suficientes.
El territorio importa porque concentra capacidades, vocaciones y límites. No todas las regiones pueden ni deben hacer lo mismo. La política económica que ignora esta realidad tiende al fracaso. Por ello, la planeación territorial debe partir del reconocimiento de las ventajas comparativas locales, de la infraestructura existente y de las posibilidades reales de articulación productiva. El desarrollo no se impone, se construye desde el territorio.
En este marco, la inversión pública estratégica juega un papel clave. No como gasto asistencial ni como sustituto de la inversión privada, sino como señal económica. Carreteras, logística, energía, conectividad y servicios básicos no solo mejoran condiciones de vida, también reducen costos, atraen inversión y permiten integrar regiones históricamente excluidas a cadenas de valor más amplias. Sin infraestructura, no hay desarrollo posible.
Otro elemento central es la articulación productiva. La justicia territorial no se logra únicamente con transferencias o programas sociales, sino con la construcción de sistemas económicos regionales capaces de generar empleo formal, valor agregado y arraigo local. Esto implica fortalecer proveedores, impulsar encadenamientos, promover contenido nacional y evitar modelos extractivos que dejan poco en el territorio.
La experiencia reciente muestra que los procesos de relocalización productiva y reorganización de cadenas globales ofrecen una oportunidad inédita para reconfigurar la geografía económica del país. Sin embargo, sin una estrategia territorial clara, estos procesos pueden reproducir las mismas desigualdades del pasado, concentrándose nuevamente en regiones ya desarrolladas. La justicia territorial exige intencionalidad pública.
El reto no es menor. Requiere capacidades institucionales, coordinación entre niveles de gobierno y una visión de largo plazo que trascienda ciclos políticos. Requiere también evaluación constante, ajustes y reconocimiento de límites. No toda política pública genera impactos inmediatos ni todos los territorios responden igual. Pero renunciar a la planeación territorial equivale a aceptar la desigualdad como destino.
El desarrollo económico con justicia territorial no es una consigna ni un ideal abstracto. Es una condición para la estabilidad social, la cohesión nacional y la sostenibilidad del crecimiento. Un país profundamente desigual en su territorio es un país vulnerable, fragmentado y con bajo potencial de largo plazo.
Pensar el desarrollo desde el territorio implica cambiar la pregunta. No solo cuánto crece la economía, sino dónde, para quién y con qué efectos. Esa es, quizá, una de las discusiones más relevantes del presente. Porque sin justicia territorial, el desarrollo seguirá siendo parcial. Y porque el Estado, cuando planea y coordina, no inhibe el crecimiento: le da dirección.
@ SnchezEsquenazi
Economista y politólogo por el ITAM. Actualmente se desempeña como servidor público. Ha sido asesor parlamentario y es columnista en La
Crónica de Hoy. Su trabajo se especializa en comercio exterior e interior, gobernanza, atracción de inversiones y geopolítica, con un enfoque estratégico en el desarrollo económico territorial.
