La discusión sobre una nueva reforma electoral en México ha vuelto a encender pasiones – dentro del círculo rojo-. Como suele ocurrir con estos temas, el debate se ha reducido rápidamente a una lógica binaria: o se está a favor del gobierno y, por tanto, de la reforma; o se está en contra y se acusa un intento autoritario. En medio de esa polarización, se pierde lo esencial: entender qué se quiere reformar, para qué y en especial, ¿en verdad le importa al mexicano común y corriente?
Desde el oficialismo, el argumento central es el siguiente: el sistema electoral es caro, burocrático y poco representativo de la voluntad popular. Algo de verdad hay en esta conclusión. El costo de la democracia en México es alto, los partidos han abusado de los recursos públicos y el aparato electoral creció como respuesta a la desconfianza histórica. Revisar esos excesos no solo es legítimo, es necesario.
A días de que sea presentada, mucho se ha especulado sobre los posibles alcances de la Reforma Electoral. Algo si podemos adelantar: el producto final estará condicionado por los aliados de Morena. Cualquier viabilidad de ser aprobada depende de la voluntad del Partido Verde y del Partido del Trabajo quienes buscarán incentivos atractivos pensando en el 2027 y vetaran cualquier cambio en la Reforma que vaya en contra de sus intereses.
Nuestro sistema electoral dista mucho de ser perfecto pero pareciera que para la oposición este no debe ser tocado ni modificado. Si bien en el pasado garantizó alternancia, dio cierta credibilidad en los resultados y permitió estabilidad política, no debemos olvidar que también tuvo un gran desgaste producto del fraude del 2006 y del actuar de varios actores. Nuestros partidos y sus políticos cuentan con poca legitimidad y baja aprobación frente a la población.
De forma predecible la oposición optó por la defensa absoluta del status quo, con alarmismo histriónico y una narrativa de supuesta resistencia frente al catastrofismo que, deja de lado la autocrítica.
Lo que la oposición busca instalar en el imaginario colectivo es el riesgo de que esta reforma se traduzca en la desaparición de la democracia, para dar paso a la consolidación de un régimen autoritario. Es aquí lo que en verdad está en juego: podrá la oposición erosionar la confianza en las reglas electorales, recordemos que una democracia no se debilita solo cuando se manipulan elecciones, sino cuando una parte significativa de la sociedad empieza a creer que las reglas ya no son neutrales. A falta de un proyecto, candidato o partido que atraiga al electorado, buscan dinamitar la credibilidad democrática de nuestro país.
Esto último es el gran reto de la Presidenta Claudia Sheinbaum pues la pregunta clave no es si debe haber reforma electoral, sino cómo construirla y aprobarla. ¿Se escuchará a expertos, académicos y actores locales, o se usarán las mayorías ya pactadas? ¿La reforma busca corregir distorsiones o facilitar el control del proceso? ¿En verdad se combatirá todo eso que nos molesta a los ciudadanos como el desproporcionado gasto en partidos? ¿Seguirán utilizando los espacios plurinominales para favorecer a las élites partidistas? ¿Se corregiran los excesos de los partidos políticos?
México tiene una historia marcada por el fraude y la desconfianza electoral. Gobernar también implica saber cuándo negociar y cuándo construir acuerdos más allá de la propia base política. La democracia no se fortalece imponiendo reformas, sino generando certeza. Para que la Reforma Electoral trascienda y sirva en la construcción de un México más democrática se necesita una reforma de gran calado que satisfaga la voluntad popular y la dote de legitimidad.
Por último, si bien este será el tema principal en el circulo rojo y los espacios especializados, sería interesante saber que tanto preocupa u ocupa esto a los mexicanos. La gran mayoría de la población sufre presiones económicas, de seguridad y de atención a la salud que trastocan su día a día sin que esperen nada de su clase política.
