Por: Imelda Castro Castro
En el mundo anglosajón se conoce como whistleblower protection a las políticas destinadas a proteger a las personas que se atreven a denunciar actos irregulares o ilegales dentro de una organización. Este concepto —que literalmente refiere a quien “hace sonar el silbato” para alertar sobre un riesgo— ha cobrado relevancia internacional en materia de procuración de justicia y seguridad. Casos como el de Edward Snowden, quien expuso prácticas ilegales e inmorales de la agencia en la que trabajaba y fue perseguido por ello, evidencian la vulnerabilidad de las y los alertadores, así como la falta de incentivos para denunciar.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, más del 92 % de los delitos no se denuncian; sólo una décima parte de las denuncias formales recibe respuesta satisfactoria y, en materia de corrupción, únicamente el 4.8 % de las víctimas decide acudir a las autoridades. Estas cifras revelan un problema claro: la falta de confianza en denunciar por temor a las repercusiones personales que puedan resultar de ello.
Ese miedo es el que buscamos revertir con la Ley de Protección a Personas Informantes, Alertadoras y Denunciantes de Prácticas Ilegales, Antiéticas o Riesgosas para el Interés Público, iniciativa que propuse en el Senado para garantizar que quien denuncia nunca esté solo ni desprotegido. Porque sin confianza, sin seguridad y sin protección, no hay bienestar posible.
Esta ley contempla hechos, omisiones o riesgos que constituyan prácticas ilegales, antiéticas o peligrosas para el interés público: daños al medio ambiente, delitos financieros o actos de corrupción, entre otros. Si bien México ha construido un marco normativo sólido para sancionar la corrupción, aún carece de mecanismos eficaces para proteger a quienes la revelan. La Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé medidas de protección, pero no establece procedimientos claros ni unidades especializadas. Así, quien se atreve a hablar sigue quedando a su suerte, y este vacío legal termina por desalentar la denuncia y perpetuar prácticas que dañan profundamente el interés colectivo.
Las administraciones del Presidente López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum han priorizado el combate a la corrupción; sin embargo, aún persisten áreas de oportunidad en la legislación vigente. Uno de esos pendientes es proteger de manera eficaz y sistemática a quienes denuncian. La recientemente aprobada Ley en materia de extorsión tiene como uno de sus ejes principales la protección a quienes denuncian ese delito en particular, lo que da cuenta de que bajo la Cuarta Transformación estamos comenzando a avanzar en esta materia.
La protección de informantes es una política preventiva fundamental. Basta recordar casos como La Estafa Maestra, donde el silencio impuesto permitió pérdidas millonarias y daños graves a la confianza pública. Muchas de esas irregularidades pudieron detenerse a tiempo si hubieran existido canales seguros y reglas claras para quien decide alzar la voz.
Por ello, esta iniciativa propone un modelo integral basado en tres sistemas diferenciados, según el ámbito donde surja la denuncia: uno para el sector público, otro para el sector privado y uno para personas informantes externas. Estos sistemas se articularían en un Registro Nacional de Personas Protegidas, encargado de centralizar la información con estricta reserva, coordinar medidas de protección, generar estadísticas y fortalecer la confianza ciudadana. La ley también contempla asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, restitución laboral y medidas precautorias cuando exista riesgo para la integridad de la persona.
Esta propuesta se inspira en los más altos estándares internacionales: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las recomendaciones de la OCDE, los Principios de Alto Nivel del G20 y la Directiva Europea 2019/1937, que obligan a garantizar canales seguros y protección frente a represalias. Países como Francia, Noruega y Canadá han demostrado que proteger a los alertadores no sólo fortalece el combate a la corrupción: también previene daños ambientales, salva recursos públicos y refuerza la confianza en las instituciones.
Proteger a quienes alertan no es un acto de buena voluntad, es una necesidad institucional. Las y los informantes son la primera línea de defensa del interés público: impiden que los abusos y las negligencias se conviertan en crisis nacionales. Protegerlos es, en consecuencia, fortalecer nuestra democracia y avanzar hacia un Estado de bienestar.
El mensaje es claro: denunciar no debe ser un riesgo, sino un derecho.
Con esta ley, el Estado mexicano reconoce el valor cívico de quienes actúan por el bien común. Porque un país donde decir la verdad no es peligroso es un país más justo, más íntegro y más democrático.
@imeldacastromx
Senadora de la República por Sinaloa desde el 2018. Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Sinaloa con Maestría en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Diputada local en el Congreso de Sinaloa en dos ocasiones y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado en las legislaturas LXV y LXVI. Presidió la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
