La ineficacia de tránsito municipal y SEMOVI provocan caos en las calles, donde los automovilistas pierden casi 20 horas al año
En la ciudad de Oaxaca circulan diariamente alrededor de 70 mil vehículos “en condiciones normales” y más de 14 mil son taxis foráneos que proceden de los municipios de otras comunidades y municipios del estado, según datos del ayuntamiento capitalino.
Esta densidad de vehículos automotores en la capital oaxaqueña causa una congestión vial que provoca pérdidas al estado que ascienden a 315 millones de pesos, según el estudio “El costo de la congestión vida y recursos perdidos” elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la organización Sin Tráfico. En el país, la congestión vial cuesta 94 mil millones de pesos y las oportunidades de pérdidas de ingreso para los usuarios del transporte público representan 69 mil millones de pesos al año, mientras que para los que utilizan automóvil representa 25 mil millones de pesos anuales.
Frente a ello, las corporaciones de vialidad municipales del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Secretaría de la Movilidad (Semovi) han sido ineficaces para resolver esta problemática que afecta la calidad de vida de los oaxaqueños.
No sólo eso, también han sido incapaces de contener el crecimiento de vehículos que operan como servicio de transporte de manera irregular o de manera ilegal al no poseer una concesión otorgada legalmente por la Semovi; tampoco han sido eficaces en la promoción de una cultura vial y atacar los factores que provocan este caos.
“Las ciudades mexicanas no miden los efectos que la congestión vehicular tiene en la población, por lo que los habitantes pagan los altos costos que genera este problema provocado por la falta de políticas públicas e inversión para garantizar mejores servicios de transporte público”, advierte el estudio realizado por el IMCO en 2021.
Adicionalmente, el Índice del Tráfico Vehicular INRIX advierte que la capital oaxaqueña es una de las 12 ciudades más lentas del país. La velocidad promedio en “horas pico”, explica, es de 14.48 kilómetros por hora y México ¿Cómo Vamos?, asegura que los residentes de la ciudad de Oaxaca quedan atrapados en el tráfico hasta por 18 horas en promedio al año.
Los especialistas proponen que la inversión pública debe privilegiar el transporte público para reducir la congestión vial, a través de un sistema económico y eficiente que permita que la gente opte por este servicio a circular en un vehículo particular.
Sin embargo, en Oaxaca la inversión pública no sólo ha privilegiado al automóvil de carácter privado, sino que los recursos para mejorar el sistema de transporte en la capital del estado se encuentra en la opacidad, en la irregularidad y con probables vicios de corrupción, como es el caso del SityBus, al que se la han destinado alrededor de mil millones de pesos y sigue estancado y sin concluir.
De acuerdo con la información de la propia Semovi y de diversas dependencias del Gobierno de Oaxaca, durante el sexenio del gobernador Gabino Cué Monteagudo se contrató a la empresa Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. por 535 millones 789 mil pesos para que construyera el proyecto del City Bus, pero no concluyó la obra pese a que se pagó en su totalidad a la empresa el monto contratado.
En 2020, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental presentó una denuncia en la que acusó al ex secretario de Administración del gobierno del estado, Alberto Vargas Varela, y el ex director Administrativo, Pablo Negrete Santiago por realizar un dictamen a la licitación 10/2014, así como el contrato de adquisición 10/2014, sin contar con las facultades para celebrar esos contratos para el City Bus. Ese mismo año, la Semovi aseguró que en la ejecución del proyecto en el gobierno de Gabino Cué se realizaron trabajos de baja calidad en la vialidad e infraestructura y se gastaron hasta 733 millones de pesos.
En los últimos años se realizó una inversión de 49.2 millones de pesos para semáforos inteligentes en la ruta que recorrerá el SityBus (Pueblo Nuevo – Santa Cruz Xoxocotlán): 580 semáforos vehiculares y peatonales, 216 señales audibles para personas débiles visuales y 32 botones para activar la fase peatonal.
Posteriormente se invirtieron 66 millones de pesos para el equipamiento y modernización de las terminales del City Bus y otros 107 millones de pesos para contar con un sistema de prepago en los camiones. Finalmente, cuando el Congreso de Oaxaca aprobó una nueva deuda pública por tres mil 500 millones de pesos, se afirmó que se destinarían otros 100 millones de pesos para concluir la obra. A pocos meses de concluir la actual administración, este proyecto sigue parado y sin concluir.
A esto se agrega los gastos millonarios de la Semovi con el fin de tener un padrón de los concesionarios de taxi, mototaxi, camiones de carga, entre otros, que cuentan con concesiones para operar en el estado, y el cual sería transparente y abierto a consulta para cualquier persona. Cosa que tampoco ha sucedido.
La Semovi gastó, según informó, gastó 66.82 millones de pesos para el Registro Estatal del Transporte Público de Oaxaca (RETO), con el objetivo de “integrar un Registro Estatal de Transporte confiable y certero de los Concesionarios, las unidades, los operadores, sus rutas y las agrupaciones; revisar la documentación que ampara la prestación del servicio de cada uno de los más de 45 mil concesionarios; brindar certeza jurídica a los auténticos concesionarios; crear identidades únicas en cada expediente de concesionario y operador mediante la biometría y mejorar la seguridad y calidad en el servicio brindado a la población”.
De acuerdo con el Índice Básico de las Ciudades Prósperas, realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oaxaca tiene una calificación de cero porque carece de un servicio planificado de transporte público masivo.
Lo anterior, asegura, dificulta la movilidad, conectividad e integración del territorio, y disminuye la productividad, sustentabilidad y calidad de vida. Y por ello, propone que el gobierno del estado apoye el transporte público, que haya vialidades peatonales y ciclovías, “con el propósito de reducir el uso del automóvil y concretar proyectos de transporte público que reduzcan tiempos y costos de traslado a los ciudadanos”.
