La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso Local de Oaxaca presentó una iniciativa de reforma constitucional para iniciar con el proceso de depuración de magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Con lo anterior se busca que las y los magistrados tengan papeles eficientes para servir al pueblo dentro de sus funciones.
La iniciativa de reforma es impulsada por la Presidenta de la Comisión de Administración de Justicia, Lizzeth Arroyo Rodríguez.
La propuesta consiste en reformar el Artículo 102 para que las y los magistrados, con excepción del Magistrado Presidente y del Magistrado Consejero de la Judicatura permanezcan en el cargo ocho años y puedan ser reelectos por un periodo igual.
No obstante, al llegar a 63 años, podrán jubilarse y en consecuencia, abandonar el cargo.
En lo que respecta al Artículo 103, se propone que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca será presidido por la Presidenta o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, elegido en la Cámara de Diputados, y permanecerá cuatro años en el cargo, pudiendo ser reelecto por un período más.
La propuesta, de acuerdo con la representación morenista en la LXV Legislatura, busca «garantizar un verdadero escrutinio en la función emprendida, a efecto de certificar que la función desempeñada en tan alto cargo es desarrollada por quien tiene el compromiso real de servir al pueblo, ejecuta una administración y representación a la luz de una sociedad que espera justicia de calidad, democrática, certeza y paz social, promesa próspera para legitimar una democracia activa por el Poder Judicial», según lo detalla la exposición de motivos.
Tras los periodos señalados, podrá evaluarse el desempeño correcto de las y los representantes en el cargo.
La reforma también establece que se vigilará la función que desempeñan, respecto a la elaboración de las sentencias, resoluciones, acuerdos y demás sometidos a su consideración, que deberán ajustarse a los plazos procesales, a la legalidad y estricto apego a los derechos humanos, sin tratamiento privilegiado y régimen de excepción, que genera impunidad y corrupción.
De ello dependerá la ratificación en el cargo, mientras que quienes no cumplan con los parámetros, no podrán continuar en el cargo dentro del poder judicial.
