Después de más de cuatro años del feminicidio de su hija, Sol Jarquín peregrina por oficinas gubernamentales para pedir lo justo para su hija, que se haga justicia
“Fui a ver al presidente, hablé con Gobernación… toqué todas las puertas que podía tocar. Tuve siempre el respaldo de cientos y cientos de compañeras periodistas de México y otros países. Pero queda claro que aquí la justicia pasa por otros intereses que no son los nuestros, ni los hechos concretos”, lamenta Soledad Jarquín Edgar, periodista y defensora de Derechos Humanos.
Desde hace cuatro años y cinco meses, Soledad lucha por tener justicia en el caso del asesinato de la menor de sus hijas, la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, quien falleció durante un ataque armado en las calles de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, el 2 de junio de 2018. A la fecha, la justicia no llega.
María del Sol fue enviada a la ciudad de Juchitán, por su entonces jefe, el secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Montero López, pues le encargaron cubrir la campaña política de su hermano Hageo Montero, quien quería ser presidente municipal por el PRI. Sol era encargada del departamento de comunicación de la dependencia del gobierno estatal y la permanencia en su trabajo fue condicionada por lo que se vio obligada a realizar una labor ajena a sus obligaciones, solo por órdenes del funcionario público que era su superior.
Por el caso se abrieron seis carpetas: una por feminicidio que se inició recientemente; por delitos electorales cometidos por los hermanos Montero; por el robo del equipo de trabajo donde María del Sol guardaba evidencia de su trabajo y de la campaña política a donde fue obligada a trabajar, cometido por un empleado de la SAI.
Una carpeta en el Tribunal de Justicia Administrativa por el delito de corrupción; una carpeta por uso de recursos públicos contra los hermanos Montero y una más contra el exfiscal Rubén Vasconcelos y la fiscal electoral Araceli Pinelo, por obstrucción de la justicia, interpuesta en 2020.
La primera fue por homicidio calificado, pero se cerró por sobreseimiento, el 22 de noviembre de 2021. Luego, el fiscal general del Estado, Arturo Peimbert Calvo, abrió una en sustitución de esa, por el delito de feminicidio, que hasta hoy no reporta avances.
“No ha hecho absolutamente nada. Ya tienen una teoría del caso y parte de un legajo de investigación que no fue incorporado a la anterior carpeta, pero está en cero”, lamenta Soledad y añade que además ha enfrentado muchos momentos de dilación en los que “se confabulan jueces y ministerios públicos”.
A la inacción y omisiones de las autoridades, se suma la falta de presupuesto y un sistema de justicia que no respalda a las víctimas, sino a los victimarios.
“Lo peor que tenemos en este país es este sistema donde dicen que procuran justicia tanto las fiscalías que no investigan correctamente”, agrega Soledad.
En las carpetas interpuestas por corrupción, señala, no tiene ningún reporte y atribuye ello al “valemadrismo” del actual fiscal a quien le quedó grande el puesto y asegura “tiene las manos atadas”. El Fiscal no reporta avances desde mayo de 2021.
El pasado 19 de octubre, el sujeto identificado como H. C. fue sentenciado a 13 años de prisión por Robo Agravado, debido a que tras el atentado ingresó al hotel de la víctima para robar la computadora y cámaras, herramientas de trabajo de María del Sol.
El 6 de octubre, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, impuso sanciones por el caso a los hermanos Montero López, por su responsabilidad en el desvío de recursos públicos.
En el caso de Francisco Montero López, se impuso la inhabilitación por cinco años para desempeñar cargos públicos y una indemnización por un monto de cuatro mil 200 pesos, a Hageo Montero López se le impuso la inhabilitación por tres años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, contados a partir de que quede firme esta resolución. Y la sanción económica de 161 mil 200 pesos.
Las sanciones impuestas a los exfuncionarios, cobijados por fuerzas políticas como el PRI, son casi nulas, lamenta Soledad, quien asevera que ha enfrentado a la corrupción, a la impunidad y la complicidad para favorecer a los implicados en el asesinato de María del Sol.
“Las sentencias llega después de una lucha de cuatro años y sigue pendiente la reparación del daño en el caso de robo. Otra parte en la que nos meten a las víctimas en una especie de tobogán, porque las reparaciones del daño no las pagan, pues están en la cárcel, ya tuvieron tiempo suficiente de traspasar o simular ventas de sus propiedades, entre otras cosas que hacen imposible el pago… pero finalmente, no es lo que quiero, yo quisiera que mi hija estuviera con vida, aunque yo no tenga qué comer”, sostiene.
