Las autoridades de Yaveo la metieron a la cárcel, le cortaron la luz y le prohibieron la entrada a la escuela a sus hijos, todo porque ella decidió participar en los comicios de la comunidad en que aún imperan los usos y costumbres
Las heridas no han sanado. Vive con la amenaza del destierro sobre ella y su familia. No puede estar tranquila en su pueblo donde el cacicazgo y el machismo la estigmatizan. Tuvo que viajar a la ciudad de Oaxaca para buscar justicia y protección, porque se siente sola, inerme y desamparada.
Essica Vázquez Romualdo decidió romper el silencio para hablar en exclusiva con El Soberano del Sur para narrar el viacrucis que ha sufrido por los abusos del poder en su comunidad, donde el autoritarismo rige la vida política.
Durante 51 horas, Essica permaneció encarcelada por órdenes de las autoridades municipales y agrarias y por un grupo de habitantes de La Trinidad, una localidad del municipio Santiago Yaveo; privaron a sus hijos del derecho a la educación, le cortaron los servicios básicos como la energía eléctrica en su hogar y fue amenazada para que abandone la comunidad, la quieren desterrar.
Sabe que su único pecado fue postularse como candidata a regidora en la planilla Dorada, encabezada por la aspirante a presidenta municipal de Santiago Yaveo, María Magdalena Vicente Mauro. Esa aspiración fue el pretexto por el cual la privaron de la libertad y han violado sus derechos humanos y los de sus hijos.
Hasta agosto de 2022, Oaxaca es el estado del país con mayor número de casos de violencia política en razón de género con un total de 78, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE). La mayoría de los casos se han registrado en comunidades que se rigen por sistemas normativos internos o indígenas, mejor conocidos en el argot popular como usos y costumbres, en lo que aún no se ha logrado garantizar -en su totalidad- la participación política de las mujeres indígenas en condiciones de equidad.
Por la cantidad de hechos de violencia política por razón de género, la entidad oaxaqueña está muy por encima de otros estados del país. Veracruz y Tabasco suman 20 cada uno, Baja California 15 y Chiapas 14. En total, el INE tiene registro de 266 casos de violencia política de género en todo el país.
El pasado 8 de octubre, autoridades y miembros de la comunidad de Yaveo irrumpieron en el terreno de la tía de Essica Vázquez, el cual se encuentra en litigio ante un tribunal federal. Al percatarse, salió a ver qué sucedía ya que su tía padece de la enfermedad de Parkinson. Cuando se acercó, los hombres acompañados de las autoridades gritaron que ella no tenía nada que ver en el conflicto y recuerdan que es parte de la planilla Dorada que contiende por la presidencia municipal de Santiago Yaveo; principal inconformidad de las autoridades y la comunidad, porque La Trinidad impulsa su propia planilla denominada “Naranja” y encabezada por Enemesio Mestas Parras.
“No tiene nada que ver esta vieja, porque esta vieja está con la planilla dorada. ¡Pinche vieja ya nos cansó!, ya nos trae hartos de que siempre está metida en esto”, gritaron. Entonces pidieron al policía Mario Gerónimo que corra a tocar la campana para convocar al pueblo y encarcelar a Essica Vázquez, que entonces ya se resistía a un grupo de hombres y mujeres que la jalonearon y rasguñaron, para llevarla por la fuerza a los separos municipales.
Tras el toque de las campanas, una multitud de personas arribó al lugar y la obligaron a caminar más de un kilómetro hasta la cárcel municipal, donde la tuvieron encerrada por 51 horas. Durante ese tiempo, Essica Vázquez sufrió frío porque únicamente había un cartón tendido sobre el piso para dormir, la celda mantenía un olor a orina y estiércol, la obligaban a orinar en una botella de plástico y pese a que tenía su periodo de menstruación, no la dejaban asearse.
En un primer momento, a cambio de su libertad pretendieron obligarla a firmar un documento en el que ella se responsabilizaba de la seguridad de las autoridades municipales y de los integrantes de la planilla encabezada por Enemesio Mestas; pero ella se negó a signar dicho documento, porque en ningún momento amenazó a las autoridades.
La segunda ocasión en que condicionaron su libertad fue cuando prohibieron el ingreso de sus hijos a la escuela a través del Comité de Padres de Familia. Desde la celda, Essica Vázquez pudo observar el momento en el que les negaban la entrada, ya que la escuela está cerca de la cárcel municipal. Las autoridades también querían obligarla a firmar un documento en el que ella se responsabilizaba de la decisión de negarle los servicios educativos a sus hijos; tampoco aceptó.
“Empezaron a bloquear los comités de la escuela que no le van a permitir el paso a mis niños, en ese momento no le permiten tomar clases a mis niños, sentí mucha impotencia en ese momento, mucho coraje, de todo lo que estaban haciendo, de que no es justo, ya se estaban agarrando con mis niños”, recuerda.
Finalmente, tuvieron que liberarla porque no había ningún delito que imputar; salvo su rechazo por postularse como candidata a regidora por una planilla que no impulsa la comunidad de La Trinidad.
Al salir de la cárcel, Essica Vázquez volvió a su casa para bañarse. Pero a las pocas horas de quedar en libertad, las autoridades y miembros de la comunidad, llegaron otra vez a su casa para cortar el cable de la energía eléctrica de tal forma que no pueda reconectarse. También le exigieron que abandone la comunidad por haberse postulado como candidata a regidora.
La prohibición para que sus hijos ingresen a la escuela fue la principal razón por la que decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO); pero a la fecha, ninguna de estas dos instituciones ha tomado acciones o se ha pronunciado para garantizar los derechos humanos de la candidata a regidora ni la de sus hijos.
Solamente el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) solicitó medidas cautelares para Essica Vásquez y sus hijos. Ninguna autoridad responsable, como la Secretaría General de Gobierno (Segego), la Secretaría de Seguridad Pública y la propia Fiscalía del Estado, han respondido a esta solicitud.
“Hasta la fecha nadie me está protegiendo, nadie ha llegado a la comunidad, sigo desprotegida, no tengo luz, no tengo acceso para la escuela a mis niños, ni acceso al centro de salud. Desgraciadamente, es como si yo no existiera en esta vida.”
